La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rompe paradigmas, al integrar a sus resoluciones las voces y necesidades de personas con discapacidad.
En la primera de tres jornadas de audiencias públicas, las y los ministros escucharon propuestas para flexibilizar o anular un criterio vigente que obliga al Congreso de la Unión y legislaturas locales a consultar a personas con discapacidad, antes de aprobar leyes relacionadas con ese sector de la población.
El proyecto de la ministra Lenia Batres propone que grupos de al menos 15 personas con discapacidad, echen abajo leyes que les afectan, presentando acciones de inconstitucionalidad pero a través de entes como el Poder Ejecutivo, minorías legislativas y comisiones de derechos humanos estatales, entre otros.
“Estos cinco entes legitimados, los que puedan presentar la acción, no la puedan presentar por sí mismos sino solamente a solicitud de personas con discapacidad”, dijo Batres Guadarrama.
Por su parte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que el tema que ha planteado la ministra es cuando “tenemos una norma que es, evidentemente, en beneficio de las personas con discapacidad o está a la altura del estándar internacional si se debe invalidar por falta de consulta”.
“Muchas veces las acciones emprendidas con buenas intenciones por personas sin discapacidad resultan perjudiciales o incluso inútiles”, comentó Giovanni Figueroa ministro de la SCJN.
Colectivos y personas con discapacidad exigieron que consultarlos sobre sus derechos no sea un requisito o accesorio. Que se reafirme, pidieron, el carácter obligatorio de la consulta al sector.
“La falta de consulta ya en sí misma es una afectación sustantiva, porque limita nuestro derecho a la participación y a la igualdad”, mencionó Esther Araceli Díaz, de la Asociación de Mujeres Unidas por la Inclusión.
En tanto, el abogado Ángel Ibarra Jasso, señaló que esta parte de que solamente las personas con discapacidad puedan firmar o no acerca de una acción de inconstitucionalidad, se le hace un poco peligroso por la persecución política que pueda existir.
Las consultas públicas continuarán este martes y miércoles con la participación de 102 ponentes, antes de que las y los ministros emitan una resolución.