En el marco de un intenso debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo vigente el Artículo 132 de la Ley General de Víctimas que destina para su protección el producto de los bienes decomisados a la delincuencia organizada, y desechó, por ahora, garantizar un porcentaje mínimo del presupuesto a esta tarea.
El proyecto del ministro Giovanni Figueroa pretendía declarar inconstitucional la Fracción Primera de dicho artículo, que fue reformada en 2020 y que en su redacción original fijaba un mínimo de 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación a la atención de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, sólo tuvo cinco de seis votos necesarios.
El debate se centró en la obligatoriedad del Estado para brindar los recursos necesarios a esta tarea.
“Que los recursos destinados a las víctimas no pueden ser objeto de recorte, reasignación o eliminación, pues se trata de un grupo que por definición constitucional y convencional se encuentra en una situación grave de vulnerabilidad”, precisó la ministra Loretta Ortiz.
La ministra Yasmín Esquivel refirió que el Estado mexicano no puede abandonar su obligación de generar un sistema eficiente de justicia restaurativa a favor de las víctimas de un delito, ni debe renunciar a su obligación constitucional de reparar, al máximo posible, los daños que han sufrido numerosas personas en su salud, patrimonio y proyectos de vida.
Se destinan recursos a víctimas
En contraparte, las ministras María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Lenia Batres y el ministro Irving Espinosa señalaron que el artículo de la ley no es inconstitucional y ya se destinan los recursos necesarios a la atención de víctimas.
“Y que no hay víctimas quejándose de la falta del cumplimiento de esta reparación de daños, yo creo que deberíamos ser respetuosos y dejar esta ley en el texto que determinó el Congreso de la Unión”, señaló Lenia Batres Guadarrama.
Finalmente, la ministra Sara Irene Herrerías afirmó que hay datos objetivos de que se ha dado el dinero necesario a las víctimas para su reparación integral del daño.
La fracción impugnada de la Ley General de Atención a Víctimas sólo puede ser recurrida mediante un nuevo juicio de amparo.