La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó otorgarle una prórroga a la Cámara de Diputados para que realice las adecuaciones ordenadas el 26 de octubre del año pasado, por el Pleno, a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
En dicha fecha, al resolver la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Pleno de la Corte ordenó a la Cámara Baja legislar para precisar en la ley la finalidad del uso de la fuerza, así como su sujeción a los principios de racionalidad y oportunidad.
Pese a ello, los legisladores volvieron a incurrir en una omisión, ya que las adecuaciones se tuvieron que realizar en el periodo ordinario de sesiones que inició en febrero de este año.
Por esta razón, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, envió un escrito a la Corte con las copias certificadas de la Gaceta Parlamentaria, y diario de los debates del 24 de febrero y 3 de marzo de este año, con las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la ley impugnada.
En el escrito, el legislador de Morena solicitó al máximo tribunal del país una prórroga con la finalidad de dar cumplimiento a los términos de la sentencia dentro del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo.
Sin embargo, el alto tribunal rechazó la petición, pues dijo que el plazo fue claramente especificado en el punto sexto del fallo, en el sentido de que las adecuaciones a la ley reclamada, debían realizarse en el siguiente período ordinario de sesiones que inició en febrero de este año.
Por su parte, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado informó que después de realizar una búsqueda en los archivos, se determinó que no hay registro de algún documento tendiente a dar cumplimiento al fallo de la Corte.
Señaló que apenas el 24 de marzo de este año, tuvo conocimiento de la sentencia del 26 de octubre de 2021, por lo que al interior de la Cámara Alta se realizarán las acciones necesarias para cumplir con el fallo del máximo tribunal.
La Suprema Corte de Justicia dio un plazo de 10 hábiles, contados a partir de la notificación, para que la Cámara de Diputados informe y remita copia certificada de las constancias que acrediten los actos que ha llevado a cabo para lograr el cumplimiento fehaciente del fallo constitucional.
Esto, con el apercibimiento que de volver a ser omisos, se les impondrá una multa y se procederá conforme a la ley, en caso de probarse el desacato.