La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) liberen sin un juicio de fondo cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas.
La mandataria cuestionó el caso de Inés Gómez Mont, a quien le fueron liberadas sus cuentas bancarias por un fallo de la SCJN, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las congeló por presuntamente haber triangulado recursos y blanqueado capitales entre 2016 y 2017.
“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces”, manifestó.
Recordó que su administración prepara modificaciones legales para evitar que dichos juzgadores liberen cuentas relacionadas con actividades ilícitas como lavado de dinero; corrupción o delincuencia organizada que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción”, agregó.
Por ello, resaltó la importancia de que se reformen ciertas leyes, para que solo se liberen cuentas de la LPB cuando haya una mala interpretación de la UIF y no con suspensiones que son utilizadas para liberar los recursos.
“Ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el 1º de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir. Porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos”, aseguró.
Dichas modificaciones, así como de la reforma al Poder Judicial, buscan garantizar la cero impunidad en todo tipo de delitos federales, agregó.
“Con las nuevas reformas que se van a enviar vinculadas con la reforma al Poder Judicial pues es indispensable que no haya impunidad, nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito y es lo que le pedimos a la Fiscalía, se tiene que actuar siempre, ni tampoco vamos a perseguir a nadie por razones políticas, no, la Fiscalía hace su trabajo y tiene que dar resultados en delitos relacionados con corrupción, delitos de delincuencia organizada u otros delitos federales”, agregó.
Caso de Inés Gómez Mont
Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, han sido acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2021, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Lo anterior, por supuestamente operar compañías “fantasma” con las que desviaron dos mil 950 millones de pesos del erario público, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Un año antes, en 2020, Gómez Mont evitó un juicio por evasión fiscal, al pagar a la Hacienda Federal 10 millones 967 mil pesos, por concepto de contribuciones omitidas.