La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe llevar a cabo la consulta de revocación de mandato con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para 2022, pues de lo contrario, podría incurrir, incluso, en responsabilidades penales.
Así lo señaló el ministro Fernando Franco González Salas en el acuerdo de admisión de la controversia constitucional que el INE promovió hace una semana en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que le recortó 4 mil 913 millones de pesos de lo que había solicitado.
“Es improcedente la suspensión, respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el Artículo Cuarto Transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato. Se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, determinó el ministro.