La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a una mujer que fue condenada a 27 años de cárcel por secuestro agravado y ordenó al Tribunal Colegiado de la causa reponer el proceso con perspectiva de género.
Asimismo, la ministra María Estela Ríos indicó que el tribunal que negó la protección de la justicia, no tomó en cuenta que en el momento de los hechos, en mayo de 2013, en Tula, Hidalgo, la mujer era madre soltera.
Pero lo más importante, que ella únicamente le daba de comer a la víctima, de la que no se dieron detalles.
“No consideró que la víctima reconoció a la quejosa como la persona que le dio de comer y que fue amarrada de pies y manos para acostarla en la cama al lado de la víctima”, detalló Estella Ríos. .
En estos casos, resolvió la Corte, no se acredita la coautoría en la privación de la libertad de una persona.
#EnPleno | La #SCJN ordena juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad los casos penales en los que participan mujeres.
— Suprema Corte (@SCJN) February 17, 2026
✅ Cuando su intervención en un secuestro se limita a tareas de cuidado o alimentación de la víctima, debe analizarse su nivel real de control y… pic.twitter.com/6tOq82SbbZ
De igual manera, Estela Ríos comentó que “la intervención de una mujer en el delito de secuestro se limita al cuidado y alimentación de la víctima, no se actualiza la coautoría, pues su intervención no es fundamental en la consumación o ejecución del delito, por lo tanto, es a título de partícipe y en consecuencia, debe reducirse la sanción penal”.
El proyecto de la ministra María Estela Ríos fue aprobado por unanimidad del Pleno, mientras que la ministra Yasmín Esquivel Mossa aclaró que la implicada no será absuelta en automático.
“La presente determinación no implica ordenar la absolución inmediata de la quejosa, ya que, en la devolución del asunto al Tribunal Colegiado, deberá analizar como lo señaló puntualmente la ministra ponente, que el caso se analice conforme los parámetros descritos en la propia sentencia y tomar la determinación que en derecho corresponda, sea condenando o absolviendo a la quejosa de acuerdo a la valoración de las pruebas que obran en autos”, expuso Esquivel Mossa.
La mujer y las otras personas que participaron en la ejecución del secuestro fueron sentenciados en 2022, nueve años después de los hechos a 30 años de cárcel, apelaron y la sanción se redujo a 27 años.
Además, ella insistió que fue detenida de manera ilegal y con la violación a sus derechos humanos, por lo que interpuso un recurso de revisión ante la Corte.