El pleno de la Suprema Corte de Justicia se declaró impedido de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reparación del daño a 11 mujeres víctimas de abuso y tortura en San Salvador Atenco en 2006.
Sin embargo, aprobó por unanimidad la propuesta de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, en la que se ordena a las autoridades responsables de la procuración de justicia, concluir primero las investigaciones del caso, para sancionar a los responsables.
“La obligación de juzgar a cargo del Poder Judicial está supeditada al resultado de tales investigaciones. De ahí que no es posible advertir en este momento que se requiera tal actuación de forma inmediata por parte del Poder Judicial de la Federación”, comentó el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán.
Al desahogar en la sesión de este lunes el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales, referente a la sentencia dictada contra México en noviembre de 2018, sobre el caso de impunidad en San Salvador Atenco, las y los ministros coincidieron en que el Estado mexicano debe atender de manera coordinada dicha resolución internacional.
Puntualizaron que debe culminar el procedimiento de las investigaciones por violaciones sexuales contra las 11 mujeres en mayo de 2006, por policías del Estado de México.
“El caso que hoy nos ocupa toca uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos de nuestra historia reciente. Los hechos ocurridos en 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco revelan un contexto inadmisible, policías del gobierno del Edomex utilizaron la violencia sexual contra mujeres detenidas como instrumento de represión”, Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN.
Señalaron que ésta es una herida abierta para la justicia en México.
“La impunidad de los responsables de Atenco como de tantos otros casos ha sido una herida abierta para el pueblo mexicano. Sancionar estos hechos es indispensable para garantizar que nunca más la represión pueda ser considerada como una respuesta legítima frente a la protesta social”, declaró la ministra, Lenia Batres Guadarrama.
El pleno de la SCJN consideró que la resolución de la Corte Interamericana, que ordena el enjuiciamiento y sanción a los responsables de los hechos de violencia sexual, así como una disculpa pública del Estado mexicano a las víctimas de Atenco, es acorde con nuestra Constitución y constituye un acto de desagravio.
Los hechos se registraron en mayo de 2006 en el marco de las protestas de ejidatarios de San Salvador Atenco y Texcoco contra el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.