El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, presentó un nuevo proyecto para determinar la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, pero la discusión se suspendió y se retomará el próximo jueves 24 de noviembre.
Este es el tercer proyecto que se presenta este año ante las acciones de inconstitucionalidad promovidas, la 130/2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la 136/2019 que interpusieron senadores de oposición.
En septiembre pasado se debatió el primer proyecto, que también propuso Aguilar Morales, y el segundo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández; pese a que ambos fueron discutidos en el Pleno, se retiraron ante la falta de consenso.
Con el nuevo proyecto se propone invalidar la prisión preventiva oficiosa para tres delitos: contrabando, emisión de facturas fallas y fraude fiscal equiparado que fueron incluidos en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, mediante un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al exponer su propuesta el ministro Aguilar Morales consideró que estos delitos no ponen en riesgo la seguridad nacional:
“Los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables; así como los delitos relacionados con comprobante fiscal, no puede considerarse como ilícitos penales, cuya gravedad ponga en peligro y en riesgo la seguridad de la Nación”.
El proyecto también contempla que para el resto de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa como son, entre otros, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, uso de programas sociales con fines electorales o robo de hidrocarburos el juez analice caso por caso si se debe aplicar o no la medida cautelar.
Además de que los y las juzgadoras analizarán establecer o no la prisión preventiva oficiosa tras un debate entre el Ministerio Público y la defensa del imputado en el que se argumente si el acusado debe permanecer preso mientras se define su situación jurídica.
Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se manifestó en contra de toda la propuesta y realizó señalamientos.
“La obligación del juez de control a abrir a debate la posibilidad de imponer o no la prisión preventiva al imputado, pues considero que esa lectura equivale a eliminar la prisión preventiva oficiosa y convertirla en justificada”, expuso la ministra.
Y mencionó: “cuando se le señala como involucrado en la comisión de un delito de alta peligrosidad de alto impacto social, se le debe dictar prisión preventiva oficiosa, medida severa, como severo es el delito que causó, toda vez que se le acusa de un atentado contra valores tan altos como la vida, la dignidad del patrimonio de una persona, muchas veces en estado de vulnerabilidad, como son: las mujeres víctimas del feminicidio o los menores de edad que fueron abusados sexualmente”.
A la posición en contra, pero sólo de esta parte del proyecto, se sumó el ministro Alberto Pérez Dayán.
Mientras que por declarar la invalidez de la inclusión de los tres delitos fiscales dentro de la Ley de Seguridad Nacional a favor se pronunciaron Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Para declarar la invalidez se requieren ocho votos de los 11 ministros; en la discusión del próximo jueves se escucharán los posicionamientos de los seis ministros restantes.
