La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protegió los derechos de personas con discapacidad mayores de edad al invalidar un artículo del Código Civil de Veracruz que disponía que en caso de proceso de divorcio de sus padres debían quedar bajo la tutela de uno de ellos.
También declaró improcedente que no puedan manifestar libremente su voluntad de elegir sobre su persona y bienes.
🔴#EnVivo | Sesión del Pleno de la #NuevaSCJN, 06 de octubre de 2025. @HugoAguilarOrti @LeniaBatres @YasminEsquivel_ @lorettaortiza @MtraEstelaRios @Giovanni_F_M @IrvingEspinosa_ @AristidesRodri https://t.co/KN1iuVxKdM
— Suprema Corte (@SCJN) October 6, 2025
El pleno resolvió que ello significaba tratar a las personas con discapacidad como sujetos diferentes y no como titulares plenos de derechos.
Asimismo, las y los ministros resolvieron que el Congreso de Veracruz invadió facultades de la federación, al legislar en materia procesal de lo civil.
“En este caso, se viola un derecho fundamental de las personas, las que van a ser sujetas de interdicción o personas discapacitadas en específico que pueden sufrir violación, de hecho se puede ejercer violencia vicaría y que está de por medio en razón del primero constitucional dar seguridad, protección jurídica a estas personas en su mayoría, yo creo que son mujeres las que pueden quedar como víctimas”, explicó la ministra de la SCJN, Loretta Ortíz Ahlf.
La Corte también declaró improcedente que las personas en situación de discapacidad no puedan manifestar libremente su voluntad de elegir sobre sí mismas y sus bienes y se les asigne un representante legal, como lo disponía el Código Civil de Veracruz y que jurídicamente se conoce como interdicción.
“Cuándo yo era joven, no podíamos ni siquiera contratar, no podíamos tener bienes. Todo este régimen de la interdicción es para proteger a mujeres, de verdad a mujeres, y con esta norma se les aplica a las normas internacionales”, detalló Ortíz Ahlf.
El pleno también discute en estos momentos la invalidez de la Ley de Seguridad Vial de Puebla que obliga a las y los conductores a tener un seguro para poder circular y penalizaciones a quienes incumplan esta disposición.