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SCJN reconoce derecho de infancias trans a modificar su acta de nacimiento

Foto: CuartOscuro.

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de personas trans.

La Suprema Corte invalidó el artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil de Puebla que exige tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, por violar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans”, indicó el máximo tribunal del país en un comunicado.

Las y los magistrados sostuvieron que la norma vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas trans menores de edad, y por unanimidad declararon la inconstitucionalidad de la disposición.

Hoy tenemos la oportunidad de reafirmar en una sola voz que no hay nada que curar, que la experiencia trans no es una enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana. Las infancias trans comprenden su lugar en el mundo”, declaró el presidente de la corte, Arturo Zaldívar, durante el Pleno.

Además, destacó que, con esto, el Estado está obligado a aceptar todas las medidas necesarias para garantizar su “ejercicio efectivo” sin discriminación, con respeto a la autonomía de las infancias trans y “escuchando sus opiniones en las decisiones que afecten a su vida y al interés superior de la infancia”.

La discusión del asunto continuará durante la próxima sesión del pleno de la SCJN ya que quedó pendiente  la resolución de los efectos de la declaratoria de invalidez.

Numerosas organizaciones celebraron a través de redes sociales la declaración de inconstitucionalidad por continuar abriendo un camino por el que la sociedad civil y la comunidad LGBT llevan años luchando.

La Asociación para las Infancias Transgénero celebra la discusión y la votación que hoy se dio en la SCJN sobre el reconocimiento de las #InfanciasTrans. Esperamos que los efectos de esta votación sean los de aplicar un trámite administrativo conforme a parámetros del CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, escribió la organización.

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