La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio a conocer el acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente al proyecto de demanda de controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas.
Esto por considerar que el blindaje aprobado por los legisladores locales para el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante el proceso de desafuero que enfrenta en San Lázaro carece de fundamento constitucional y legal.
- El pasado 2 de marzo, la legislatura de Tamaulipas aprobó por mayoría el acuerdo para establecer las reglas del procedimiento de homologación sobre el desafuero de funcionarios en la entidad.
El proyecto de controversia que se presentará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar si da lugar o no a proceder contra del inculpado.
Precisa que en el caso de los gobernadores a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la legislatura local respectiva, únicamente para que ponga al inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento.
- El presidente de la Mesa Directiva instruyó su publicación en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados.