El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró procedentes los dos recursos de revisión interpuestos por Presidencia, y determinó modificar la resolución del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) de validar la reserva por cinco años la información sobre la compra y distribución de todas las vacunas contra COVID-19.
En la sesión pública de este lunes 16 de mayo, por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Corte modificó la resolución del INAI, para que la reserva sea por cinco años, como lo había hecho el Gobierno Federal, y no de dos como lo habían ordenado los comisionados.
En concordancia con los argumentos de Seguridad Nacional esgrimidos por la Consejería Jurídica en sus recursos de reclamación, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que la difusión de la información pondría en riesgo el suministro de las vacunas.
Dijo que contrario a lo determinado por el INAI, la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales, sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento de los contratos celebrado por nuestro país.
Sin embargo, agregó que ello no implica que otros datos de la información requerida por un particular al INAI, deban seguir la misma suerte, es decir, que no puedan generarse versiones públicas del contenido restante de los contratos.
El ministro Alberto Pérez Dayán se pronunció en contra del proyecto, toda vez que dijo en claro que se trata de un caso de seguridad nacional, pues esto implicaría otras situaciones de mayor relevancia, con otro tipo de consecuencias y decisiones.
La información que la mayoría de las y los ministros del máximo Tribunal del país decidieron mantener en reserva hasta el 2025, es la relacionada con los contratos y órdenes de pago para adquirir las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Cansino, Sputnik, y Sinovac.