La Secretaría de las Mujeres se mantiene en contacto con los familiares y la defensa de María Guadalupe Martínez, una mujer indígena otomí sentenciada a 50 años de prisión acusada del delito de secuestro, informó la titular de la dependencia, Citlali Hernández Mora.
A través de sus redes sociales, Hernández señaló que, desde su punto de vista, existen diversas inconsistencias en el proceso penal en contra de Guadalupe Martínez y destacó que no contó con el acompañamiento de un traductor, a pesar de ser una mujer indígena otomí, lo que representa una posible violación a su derecho a una defensa adecuada.
De acuerdo con el caso, en 2016, Guadalupe fue víctima de violencia por parte de su pareja, motivo por el cual decidió separarse. En noviembre de 2021, presentó una demanda por guardia, custodia y pensión alimenticia. Sin embargo, en enero de 2022 fue acusada de abuso sexual y tentativa de homicidio, y meses después, en junio de ese mismo año, se abrió una carpeta de investigación por secuestro, que derivó en la sentencia actual.
El caso de María Guadalupe Martínez González ha tomado gran relevancia en todo el país, gracias al trabajo de los medios de comunicación y, sobre todo, a las colectivas que, como siempre, somos las primeras en escuchar, creer y visibilizar las violencias que vivimos. pic.twitter.com/cpXiITWUYi
— Carmen Sánchez (@CarmenAnchez) October 21, 2025
El 4 de julio de 2022, Guadalupe fue detenida e ingresada al penal del Altiplano, donde permaneció hasta el 29 de mayo de 2024, fecha en la que obtuvo libertad mediante un brazalete electrónico, medida cautelar que aún mantiene vigente.
Su defensa legal cuenta con diez días para apelar la resolución y escalar el caso a instancias federales, con el objetivo de revisar las presuntas irregularidades procesales y garantizar que se respeten los derechos de la acusada.