Al inaugurar la Conferencia Nacional de Migración (CNM), Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que dicho espacio es para evaluar la conjunción de esfuerzos interinstitucionales por una política migratoria de vanguardia, de respeto y de salvaguarda a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad en el país.
Olga Sánchez Cordero destacó que la dependencia a su cargo ha emitido opinión favorable para que el asilo político sea concedido a personas de nacionalidad afgana de conformidad con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y en atención a la solicitud realizada por la Cancillería.
No debemos ni podemos permanecer ajenos a ello. Espero de verdad que en nuestro país encuentren un nuevo comienzo de sus vidas, el Gobierno de México siempre respaldará la colaboración internacional para garantizar la protección de las personas migrantes; esta Conferencia es prueba de ello”.
Por su parte el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez reconoció la vocación y servicio del personal y presentó un recuento de las acciones llevadas a cabo en la que resalta que cada año, más de 30 millones de personas visitan territorio mexicano, y de 2019 a la fecha se han emitido más de 380 mil tarjetas y permisos de diversas condiciones migratorias; 580 mil 294 personas extranjeras radican de manera regular en territorio mexicano.
Además que, en el mismo periodo, se registraron 381 mil 962 ingresos irregulares, de ellos 82 mil 719 son menores de edad, y se han sido repatriadas a México 527 mil 916 connacionales.
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— INM (@INAMI_mx) August 25, 2021
Al tomar la palabra, Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), anfitrión de la CNM, consideró que más allá del contexto de la migración:
Las y los migrantes aportan su fuerza de trabajo, inteligencia, experiencias locales idioma y usos y costumbres, en beneficio del desarrollo económico y cultural de los países receptores”.
Hoy más que nunca no sólo es oportuno sino que resulta urgente pensar a las y los migrantes como sujetos de derecho para orientar las políticas públicas y leyes que impidan la vulneración de su condición humana”.