Por su deseo de ser padre y su orientación sexual, a Leonardo no sólo le negaron un ascenso laboral, además lo despidieron del banco en el que trabajaba.
Leonardo compartió para Once Noticias que comenzó a padecer los embates de la discriminación cuando anunció que sería papá por adopción; poco después, mientras estaba en una reunión, uno de los altos funcionarios del banco irrumpió a su oficina con gritos y golpeando objetos.
“Entonces empiezan agresiones hasta físicas, en el sentido de qué empiezan a humillarme y ya en los pasillos a golpear en los cristales de la ventana para llamarme la atención delante de todos mis compañeros y es ahí cuando acudo a Conapred para presentar una queja”, narró Leonardo.
Mario, pareja de Leonardo, afirma que han sido cuatro años en los que la carrera profesional de Leonardo se ha visto afectada, además de económica, emocionalmente.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) determinó que se trata de un caso de discriminación agravada, ya que se vulneraron sus derechos al dejar a Leonardo sin empleo, sin dinero y sin acceso a la salud.
Además, la empresa y los principales funcionarios involucrados están denunciados por daño moral.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, en nuestro país seis de cada diez personas LGBTIQ+ consideran que su orientación sexual es motivo para impedirles acceder a un empleo y aun cuando consiguen un trabajo, 70% no recibe el mismo trato que sus compañeros heterosexuales. El trato desigual en centros de trabajo crea un ambiente hostil, agresivo e impune, que violenta su desarrollo personal y profesional.
Al igual que Leonardo, a Daniel también lo discriminaron por su orientación sexual. En twitter narró que se presentó a denunciar ante el Ministerio Público y ahí un agente lo volvió a discriminar.
El funcionario no se identificó en ningún momento, pero sí cuestionó los actos y pruebas que Daniel presentó sobre la discriminación que había padecido. La denuncia inicial de Daniel fue contra un grupo religioso en el Estado de México.
“Fue por discursos de odio de parte de ministros de culto, de unos sacerdotes católicos y de asociaciones religiosas en donde dicen que el hecho de que nosotros, como miembros de la comunidad de la diversidad sexual queremos apelar a que los diputados aprueben el matrimonio igualitario, por ese simple hecho somos un ‘fenómeno’, que no tenemos derecho a exigir”, compartió Daniel.
El delito de discriminación en el Estado de México amerita de 1 a 3 años de cárcel, por lo que Daniel exige que no le den carpetazo.
A nivel nacional, de 2012 a la fecha se han registrado mil 175 quejas por parte de personas de la diversidad sexual y de género. De ese total, 708 corresponden a actos de homofobia; 240 por lesbofobia, 220 por transfobia, 4 por intersexfobia y 3 por bifobia.
La orientación sexual no tiene relación con las capacidades de las personas, por ello es que la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ representa un golpe a la productividad y eficacia de empresas, y organismos tanto públicos como privados.