Durante el análisis en el Senado del Tercer Informe de Gobierno del Presidente López Obrador en materia de Política Interior, César Cravioto, de Morena, dijo que antes, desde las oficinas de Gobernación, se espiaba y se perseguía a los opositores.
Señaló que en la tarea de dignificar a Gobernación tuvo mucho que ver la actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.
Mientras tanto, la panista Mayuli Martínez Simón condenó el trató violento hacia los migrantes, la confrontación al punto de polarizar a la sociedad, la afrenta contra la clase media y el desmantelamiento de las instituciones como el Seguro Popular.
Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, aseveró que se debe respetar la Constitución Política de México y no discriminar a nadie por su raza, nacionalidad o religión, ya que la Carta Magna protege y avala los derechos de todas las personas en territorio nacional.
Por su parte, Raúl Bolaños, del Partido Verde, dijo que en este Gobierno se ha avanzado en materia de paridad de género, en la protección de las mujeres, además de ampliar la inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la participación democrática.
Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, subrayó la crisis de seguridad y violencia que aquejan hoy por hoy a las mujeres y niñas.
Asimsimo, dijo que el país necesita menos palabras y más acciones.
La senadora del PT, Cecilia Pinedo Alonso, destacó que en este gobierno se han sentado las bases para dar respuesta efectiva a problemas como la desaparición de personas, la migración y el respeto a los derechos humanos.
Antonio García Conejo, del PRD, advirtió sobre la intromisión y toma del poder de grupos fácticos en el ámbito político en estados como Michoacán y Sinaloa.
También dijo que la seguridad pública debe ser una tarea compartida entre todos los órdenes de Gobierno.
Sin embargo, señaló, le corresponde a la Federación el diseñó de las políticas públicas para tal fin.
Por su parte, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, expresó su preocupación por la crisis en materia de derechos humanos y por la debilidad de los organismos autónomos o descentralizados que defienden las garantías individuales debido a la reducción presupuestal en la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender estos temas.