La reforma constitucional en materia electoral, también conocida como “Plan B”, se aprobó por el bloque mayoritario en el Senado, pero no en su totalidad como lo había planteado la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por un lado, el Partido del Trabajo (PT) no acompañó a Morena y al Verde, por lo que el bloque no alcanzó mayoría calificada para aprobar el artículo 35, que buscaba que la consulta de revocación de mandato presidencial se realizara durante el tercer o cuarto año de gobierno.
“No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla, de garantizar estabilidad democrática del país, frente a presiones externas o tensiones internas que pretendan distorsionar los mecanismos de participación ciudadana”, dijo la senadora del PT, Liseth Sánchez.
Plan B avanza sin cambios en revocación de mandato
Por otro lado, los mismos legisladores petistas votaron a favor, junto a Morena y el Verde, para aprobar los tres artículos restantes del Plan B, a fin de reducir privilegios.
“Ajustar las remuneraciones de todos los servidores públicos a los límites constitucionales, eliminar beneficios indebidos financiados con recursos públicos y establecer mecanismos de racionalidad en los distintos órdenes de gobierno”, expuso Enrique Inzunza, senador de Morena.
Cambios a municipios y congresos locales
Así, con mayoría calificada, se modificó el artículo 115 constitucional para simplificar el aparato gubernamental en los municipios, con una sindicatura y un límite de hasta 15 regidurías.
Además, la reforma al artículo 116 de la Carta Magna pondrá topes presupuestales a los congresos locales de 0.70% del presupuesto de egresos de cada estado, así como la inversión de más de los cuatro mil millones de pesos ahorrados en municipios para obras de infraestructura local.
Recortes a prestaciones en órganos electorales
Siguiendo con los ejes del Plan B, el cambio al artículo 134 prohíbe a consejeros electorales, magistrados y altos funcionarios de órganos electorales como el INE, tribunales electorales y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) contratar prestaciones con recursos públicos como:
Seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida o pensiones privadas, cajas de ahorro especiales, entre otras prestaciones.
¿Quiénes no apoyan al Plan B?
La oposición se opuso a los cuatro artículos del Plan B. La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, cuestionó el dictamen:
“¿Qué es esto? Una simulación, una mentira, un engaño que rompe con el principio de equidad y se convierte en una posición ventajosa para el Ejecutivo federal y su partido”, dijo la senadora.
En la misma línea, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, llamó a reforzar los recursos municipales: “Si quieren ayudar a los municipios, denles los fondos: el fondo regional, el fondo metropolitano, el fondo para los pueblos mágicos, el Fortamun, devuélvanselos”.
El dictamen, ya aprobado por el Senado, fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.