En otro ríspido debate, el pleno del Senado aprobó, con la mayoría parlamentaria de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una adición a la Ley de Amnistía que faculta al Presidente de la República a otorgar la amnistía directa a personas sujetas a proceso o sentenciadas, que acepten colaborar con el Estado, para el esclarecimiento de hechos relevantes.
Con 66 votos a favor, 35 del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), en contra, quedó finalmente aprobada esta reforma, con la que los senadores de Morena dijeron buscar consolidar el derecho a la verdad histórica y alcanzar la pacificación del país.
“Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 a la Ley de Amnistía, en materia y otorgamiento de amnistía de manera directa. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional”, comentó Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
Al solicitar el voto a favor del dictamen, la senadora, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la reforma no otorga una facultad discrecional al titular del Ejecutivo Federal.
“No es, sin embargo, una atribución abierta al Poder Ejecutivo, ya que tiene varias situaciones para que esta proceda. Por ejemplo, que aporte la persona beneficiaria información útil para esclarecer la verdad; segundo que los casos sean relevantes, y que esté siendo procesado o haya sido sentenciado o se haya ejercido acción en su contra por cualquier delito”, dijo Sánchez Cordero.
En el documento se faculta al titular del Ejecutivo, en forma exclusiva, sin la participación del Poder Legislativo, a otorgar el beneficio de la amnistía a aquellas personas sujetas a proceso penal o sentenciadas, que acepten aportar información comprobable, para el esclarecimiento de hechos delictivos relevantes.
Sin embargo, la oposición encabezada por el PAN, acusó a Morena de abdicar a una facultad del Legislativo, para entregar al Presidente la facultad discrecional para sacar de la cárcel, con una garantía de impunidad a criminales responsables de delitos graves.
“El Presidente podrá dejar en libertad a secuestradores, abusadores de menores, feminicidas, violadores, narcotraficantes, homicidas, huachicoleros, asaltantes de camiones de carga, delincuentes en materia de desaparición forzada de personas y otros de similar peligrosidad”, comentó María Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora del PAN.
Ante los reiterados ataques y recriminaciones de la oposición, el senador Ricardo Monreal reconoció el propósito central de la reforma, de buscar el esclarecimiento de los crímenes de estado en las pasadas administraciones.
“Iguala, Guerrero; Tlatlaya, Estado de México: Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, en Michoacán; Ayotzinapa, Guerrero. Hacia allá va orientado el supuesto normativo que estoy planteando”, señaló Ricardo Monreal.
Finalmente, la oposición advirtió una vez más a Morena que esperarán la reforma aprobada con otra acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.