Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó reformas al artículo 73 de la Constitución enviada al Congreso por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir la extorsión considerado un delito de alto impacto por sus consecuencias económicas, comerciales, físicas y psicológicas para las víctimas.
Las modificaciones facultan al Congreso de la Unión expedir leyes para establecer tipos penales y sanciones contra la extorsión de manera homogénea en todo el país.
“Expedir una ley que unifique criterios, cierre de vacíos, legales y proteja, de manera integral a la sociedad al establecer un marco homogéneo y la coordinación sobre todo de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un mismo modelo nacional”, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina.
Las y los legisladores coincidieron que la extorsión amenaza la paz pública, el patrimonio e integridad de miles de mexicanos. Asimismo, alertaron que la extorsión es un delito en crecimiento que se diversifica con las nuevas tecnologías.
“De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero del 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que significa un incremento del 57 por ciento en tan sólo seis años”, señaló la senadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Lucía Trasviña.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que este delito provocó pérdidas a las unidades económicas por 124 mil millones de pesos.
Las y los senadores se comprometieron a expedir una nueva ley contra la extorsión, que incluya un modelo nacional de atención con ventanilla única en las fiscalías estatales.
“Presupuesto, inteligencia, tecnología, esto no se trata de invadir, ni de poner reglas a los Estados, mucho menos de sustituir esfuerzos; por el contrario, se trata de admitir que todos los niveles de gobierno tenemos un fin común: terminar con el delito de la extorsión en todo México”, subrayó el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas.
“Exigimos que la ley general contra la extorsión, incluya un registro nacional de casos, unidades especializadas en las fiscalías, protocolos nacionales de investigación, mecanismos de protección de las víctimas, sanciones a las autoridades y la participación activa de los municipios”, exigió la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karla Guadalupe Toledo.
“Dejamos un claro mensaje: no habrá más territorios donde la extorsión se normalice, ni rincones donde el miedo sea ley, estamos construyendo una respuesta institucional que articule, prevención, investigación y sanción con un enfoque integral de justicia”, destacó la senadora del Partido del Trabajo (PT), Liseth Sánchez García.
“Se brindarán las herramientas jurídicas a los impartidores de justicia, para juntar con las conductas específicas, para la investigación y persecución de este ilícito”, dijo el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Alfonso Silva Romo.
“Es indispensable una estrategia y una operación mucho más eficaz por parte del Ejecutivo Federal, una que sea sensible a la ciudadanía y que aquellos que viven en el miedo de la extorsión puedan denunciar, sabiendo que el Estado los protegerá”, detalló la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández.
Señalaron que tras la extorsión se esconde una cifra negra de impunidad, alimentada por la falta de denuncia.
“Porque le tiene miedo a las represalias y una desconfianza brutal a las fiscalías y a las policías, que en muchas ocasiones están coludidas con el crimen organizado”, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina.
La reforma a la Carta Magna también busca impulsar mecanismos de cooperación entre instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, en donde se privilegie el uso de tecnología y sistemas de inteligencia.
Actualmente, el Código Penal Federal castiga el delito de extorsión con penas de entre dos a ocho años de cárcel y hasta 16 años cuando se comete en la modalidad de asociación delictuosa; sin embargo, en Estados como Oaxaca las sanciones no superan los tres años de cárcel.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuatro entidades concentran más del 60 por ciento de los casos de extorsión: Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León.
Por tratarse de reformas a la Constitución, el dictamen avalado fue enviado a los Congresos locales para su análisis.