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Senado aprueba sancionar el robo de vacunas hasta con 15 años de cárcel

El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud para imponer castigos más severos por el robo de vacunas como las usadas para frenar pandemias.

Se establecen hasta 10 años de cárcel y una multa de 268 mil pesos a quienes se apoderen, de forma indebida, de las vacunas que tengan como propósito la inmunización en contra de un agente patógeno como el virus de COVID-19.

“Las vacunas e insumos médicos son elementos esenciales para la salud pública, así como para la mitigación de los efectos nocivos de la pandemia y su carencia lastima a la sociedad en un punto tan sensible como es la vida”, Juan Manuel Fócil Pérez, integrante de la Comisión de Salud del Senado.

Cuando el mismo delito sea cometido por un servidor público la pena se elevará hasta 15 años de prisión.

“Ponerle un hasta aquí al pillaje, a las arbitrariedades, al uso y abuso de los mexicanos, con todo queremos hacer negocio en su salud, con las vacunas, con el cáncer, absolutamente con todo y hemos dicho basta”, Margarita Valdez, senadora de Morena.

“Establece un tipo penal acorde a la realidad para sancionar a quienes resulten responsables de apoderarse de manera indebida de vacunas del programa de vacunación universal”, Gabriela Benavides, senadora del PVEM.

Los legisladores refirieron que, en 2020, durante la emergencia sanitaria, el robo de medicamentos se disparó 82%. Estimaron que el valor del mercado negro en este sector puede alcanzar más de mil 500 millones de dólares a nivel mundial.

“Sabemos que existe un gran Mercado negro de millones de dólares a donde van a parar todos estos insumos médicos, tenemos tener en claro que el robo de medicinas es un fenómeno de delincuencia organizada”, Silvana Beltrones, senadora del PRI.

En nuestro país, señalaron, la Cofepris ha emitido este año, cuatro alertas sanitarias por robo de medicamentos y 6 más por falsificación de medicinas.

El dictamen avalado fue enviado a la cámara de diputados para continuar su trámite legislativo.

En la sesión plenaria de este martes, la Cámara Alta también avaló, por unanimidad, un dictamen que expide la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Se trata de un esfuerzo por evitar que marcas internacionales o nacionales plagien artesanías, textiles, diseños, cultura y el arte de las comunidades originarias sin autorización o sin el pago por el uso de sus símbolos o creaciones.

“Con esta ley pretendemos frenar y terminar con esta actitud irregular, inmoral de siglos que han estado desprovistas de derechos para el reclamo de las autoridades”, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado.

La legislación prohíbe cualquier acto que atente o afecte la integridad del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

“Con esta nueva ley se deja claro que es son los propietarios de las expresiones culturales y los mecanismos a partir de los cuales terceros, ajenos a las comunidades pueden participar de su comercialización”, Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura, Senado.

El dictamen aprobado establece la creación del sistema de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como un mecanismo de coordinación entre el gobierno y los pueblos originarios.

Habrá un registro que identifique, catalogue, registre y documente las manifestaciones de los pueblos.

Quedará en manos de los propios pueblos y comunidades decidir las formas de comercialización de sus manifestaciones y expresiones culturales.

También se establecen procedimientos para que los pueblos y comunidades inicien una querella, la queja ante la Secretaría de Cultura y la denuncia ante autoridades judiciales por el uso no consentido con fines de lucro.

Además, se podrá conciliar entre los infractores y las comunidades.

Cuando no se logren acuerdos y las conductas indebidas provoquen etnocidio cultural, habrá penas de hasta 16 años de cárcel y multas de 2.6 millones de pesos.

El documento avalado fue remitido al ejecutivo para su publicación en el diario oficial de la federación.

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