El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Aduanera, con la que se busca fortalecer y modernizar la legislación, mejorar la competitividad y combatir la evasión y elusión fiscal.
Al presentar el dictamen, el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes, explicó los puntos medulares de la nueva ley:
- Primero, la creación de un Consejo Aduanero, órgano que conocerá y resolverá sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales.
- Segundo, dotar de facultades concurrentes para posdespacho al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
- Tercero, establecer que las autoridades aduaneras puedan celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital, para la gestión y el análisis de datos.
- Cuarto, incorporar y mejorar los controles para la determinación de la responsabilidad solidaria de los agentes aduanales, con la finalidad de contrarrestar prácticas de evasión, subvaluaciones o evasión fiscal.
Claudia Anaya, senadora del PRI, advirtió que hay artículos que son inconstitucionales y puso un ejemplo de ello:
“Todo el tema de las multas que son excesivas, porque si te vas a 300 por ciento puedes hablar de la quiebra de algunas empresas. Las multas excesivas están impedidas en la Constitución en el Artículo 22”, comentó.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la reforma no establece sanciones ni mecanismos de control a las autoridades.
“Entiéndase la Agencia Nacional de Aduanas, el SAT y Hacienda que son las encargadas de realizar las inspecciones aduaneras, y en donde recae, en última instancia, la responsabilidad de frenar eventualmente el huachicol fiscal y la corrupción en las aduanas (Sic)”, dijo.
Mientras que la senadora de Morena, Olga Sosa, expuso que con esta reforma el Estado da un paso firme hacia un sistema más eficiente, justo y capaz de responder a los desafíos de la economía global.
Agregó que durante los gobiernos neoliberales, las aduanas fueron el reflejo de un modelo burocrático que “favorecía la opacidad y la discrecionalidad: procedimientos manuales, controles insuficientes y privilegios otorgados a unos cuantos agentes que generaron prácticas nocivas, con pérdidas millonarias para la Hacienda pública”.
El Senado modificó el primer artículo transitorio para que la ley entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.