Con 92 votos a favor, el Senado de la República abrogó la Ley Sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917.
Las y los senadores advirtieron que dicha legislación limita, de forma evidente y grave, el goce y ejercicio de los derechos de libertad de expresión, opinión e imprenta.
Por eso, frente a cualquier intento de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo es derogar esta Ley, para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”, señaló Ricardo Monreal.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, consideró que la Ley Sobre Delitos de Imprenta ya no tiene cabida en el orden jurídico nacional, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertad de expresión, opinión y de imprenta.
“La ley fue publicada antes de la Constitución Política de 1917, por lo que no sólo ha dejado de responder a la realidad, sino que resulta incompatible con el resto de los ordenamientos jurídicos nacionales, pues mantiene vigentes procedimientos que hace mucho tiempo fueron derogados“, recordó Sánchez Cordero.
La Ley de Imprenta ya no tiene uso y resulta incompatible con el resto de las legislaciones actuales, porque contiene disposiciones que contravienen lo dispuesto en la Constitución”, dijo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña.
De seguir vigente, explicó el senador, se mantendría en vigor una escala de tipologías de delitos que pueden dañar gravemente la libertad de expresión, prensa, opinión y manifestación de ideas.
Avance en la libertad de prensa
El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, celebró el dictamen porque contribuye al avance de la libertad de prensa que ha evolucionado, de tal manera que todas las personas que emitimos una opinión podemos hacerlo sin tener la amenaza de ser sancionados con la cárcel.
El dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.