El Senado mexicano frenó de tajo una minuta que proponía un sistema de “cobranza delegada”, es decir, la facultad de que los patrones retuvieran hasta el 40% del salario de los trabajadores para el pago forzado de créditos de nómina.
La minuta proponía, tras la retención, entregar los recursos directamente de la patronal a la institución financiera acreedora.
El modelo tenía un eco de las tiendas de raya del sistema porfirista, que permitía a los empleadores embargar el salario de los trabajadores o condicionar su gasto en ámbitos de interés de los patrones.
La minuta, remitida desde la Cámara de Diputados, llegó al Senado, donde fue suspendido el debate por las comisiones de Estudios Legislativos y de Hacienda.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se pronunció en contra de la iniciativa, que tachó de inadmisible.
Distintos grupos parlamentarios de la Cámara Alta coincidieron en su rechazo a la propuesta de cobranza delegada.