El Senado de la República retiró la impugnación al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) de revisar las candidaturas de los aspirantes a ocupar los nuevos cargos de juzgadores del Poder Judicial (PJ).
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el área jurídica de la Cámara alta retiró la impugnación al acuerdo, pero que espera que esta misma semana se presenten las impugnaciones por falta de idoneidad contra cerca de una decena de candidaturas en específico.
Esto, luego de que el martes pasado, Fernández Noroña señalara que presentarían las impugnaciones contra los perfiles de candidatos que, considera, no son idóneos para integrar el Poder Judicial.
Por ello, dio a conocer que las áreas jurídicas de la Presidencia y de la junta de coordinación política del Senado, están trabajando el tema y tienen ya un avance significativo al respecto.
El senador por el Partido del Trabajo dijo que hasta el momento ha firmado tres oficios: uno dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con la solicitud de información puntual sobre algunos casos en concreto.
Otro, dirigido al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en sentido similar, y un último a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.
Hay que recordar que el acuerdo del INE establece una revisión para que las personas candidatas a cargos en el proceso electoral extraordinario el próximo 1 de junio, no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la “8 de 8 contra la violencia”, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales.
La Constitución establece que los candidatos a un puesto de elección popular deben estar limpios de una sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, la Libertad y Seguridad Sexuales.
Así como el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.