Al Senado de la República llegó una iniciativa que propone poner fin al matrimonio forzado infantil sustentado en usos y costumbres.
Plantea reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar que los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como los de toda la sociedad, no socaven, limiten o violen los derechos humanos de las mujeres.
Su objetivo es erradicar cualquier práctica basada en tradiciones, usos o costumbres, que tenga como resultado final la venta de niñas para contraer matrimonio forzado o cualquier otra actividad denigrante o ilícita.
El documento, inscrito en la Gaceta Parlamentaria y propuesto por el senador del PRI por el estado de Guerrero, Manuel Añorve Baños, argumenta que el marco jurídico en materia de lucha contra la trata de personas y atención a las víctimas de estos delitos presenta recovecos legales.
La propuesta sostiene que no busca restringir el libre desarrollo de las comunidades indígenas ni coartar el derecho constitucional de toda comunidad a poder autodeterminarse de acuerdo a sus costumbres.
Lo que se pretende lograr, afirma, es que la federación asuma su responsabilidad de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de toda persona por sobre todas las cosas.
El legislador advierte que con cerca de 300 mil niñas y niños obligados a casarse, México concentra una de las tasas más altas en matrimonio infantil en todo el mundo.
Señala, por ejemplo, que en el municipio guerrerense de Cochoapa, se calcula que el 97% de los matrimonios son forzados, acordados por los padres de los contrayentes a cambio de bienes o dinero.
Esta realidad, sentencia, podría tener consecuencias catastróficas para la salud física y mental de los menores de edad.
El senador priísta, Añorve Baños, recordó que desde 2019 nuestro país prohibió el matrimonio infantil.