Las juezas Manuela Terrazas, Lisbeth Chávez y Felipe Medina condenaron a José Feliciano R.M. a 72 años de prisión por los homicidios de Julián Carrillo y su hijo Víctor Carrillo, asesinados el 28 de octubre del 2018 y y el 6 de febrero del 2016, respectivamente, y encontraron culpable al Estado mexicano por haber fallado en brindar seguridad a la comunidad rarámuri y sus defensores.
Este viernes 12 de marzo la condena se hizo histórica, ya que el Tribunal de Enjuiciamiento de Chihuahua acreditó como culpable al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe del Calvo, ya que falló en la protección del activista, su familia y la comunidad que defendía.
En la sentencia también se ordenó una reparación integral con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, que contempla también a la comunidad como víctimas de los hechos, al reconocer los impactos y consecuencias sufridas influyeron en la vida de muchas familias de la Sierra Tarahumara.
Se reconoció que, desde los hechos de violencia contra la comunidad, en el contexto de defensa de su tierra, territorio, recursos naturales y, concretamente, a partir del homicidio de uno de sus principales líderes, varias personas se habían desplazado de manera forzosa, perdiendo bienes y truncando sus proyectos de vida.
En la sentencia se también se ordenó una disculpa pública donde se reconozca a Julián Carrillo Martínez como defensor de derechos humanos y se pidieron medidas de rehabilitación y compensación a favor de quienes acrediten pérdidas económicas valuables, a raíz del homicidio de Julián y Víctor.
Las organizaciones de derechos humanos, Alianza Sierra Madre A.C. y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., las que acompañamos a la comunidad en su lucha por el respeto y garantía de sus derechos, reconocemos que esta sentencia sienta un precedente a nivel nacional y esperamos sirva como referente para otras comunidades indígenas que enfrentan los mismos obstáculos en su digna lucha por el respeto de su territorio ancestral. Asimismo, consideramos que sentencias como ésta constituyen una medida efectiva que permite que hechos similares no se repitan al ser sancionados adecuadamente” señala el comunicado de estas organizaciones.