Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer detalles sobre la sentencia en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra, por un total de 2 mil 488 millones de dólares.
En la Mañanera del Pueblo, recordó que en el estado de Florida, EUA, se sentenció al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, y a su esposa Linda Cristina Pereyra, a pagar 748 y 740 millones de dólares, respectivamente, por sus actividades ilícitas.
“El primer problema fue lograr que una corte civil de Estados Unidos fuera reconocida como instancia jurisdiccional para recibir una demanda de esta naturaleza, donde fueron derrotados los defensores de los demandados”, explicó.
En una primera etapa, la juzgadora encargada de esta Corte resolvió que los bienes de dicha pareja, encontrados a través de averiguaciones en Florida, fueran restituidos a México, es decir, dos millones y medio de dólares en bienes que fueron vendidos en esta fase del proceso.
Explicó que ambos fueron demandados en diferentes momentos. Primero García Luna por 250 millones de dólares, y posteriormente fueron escalando las acciones legales hasta demandar a Cristina por más de 580 millones de dólares.
El monto actual que deberán pagar con el actual fallo de la jueza Lisa Walsh, es tres veces lo requerido por las autoridades originalmente.
Sentencia, un éxito de AMLO y Rosa Icela
El titular de UIF recordó que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron treinta contratos en la policía federal por 625 millones de dólares y 93 millones, dinero que salió del país producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios progresivos.
“Dos partidos se aliaron política y electoralmente, entonces esto es una lección de historia para las nuevas generaciones y una forma de ver las cosas para las anteriores que vivieron el Estado corrupto en su apogeo”, externó.
No fue hasta la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se buscó justicia contra estos delitos, con Rosa Icela Rodríguez como Secretaría de Seguridad Pública.
“Hay un proceso penal que está abierto en México, y el proceso civil en Florida, que buscan conocer la historia de una trama corrupta que hubo en el país. No se debe dejar esta oportunidad para escarbar en operaciones de delincuentes de cuello blanco”, concluyó Pablo Gómez.