La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negarse a devolver los recursos de los fideicomisos extintos y contrario a eso, pedir más presupuesto.
También señaló a la Suprema Corte y a su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, de obstaculizar el proceso interno de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial (…) Ellos están afectando a terceros, porque las 3 mil personas que se inscribieron en el Poder Judicial para participar en la elección, pues ahora la Corte les está cerrando esa posibilidad”, expresó Sheinbaum Pardo.
Dijo que la SCJN ha llevado a cabo tres acciones en contra de la reforma judicial, la primera, es que ha aceptado amparos que impiden que los recursos de los fideicomisos sean integrados a la Tesorería de la Federación, a pesar de que la Constitución establece que así debe ser.
La mandataria ha planteado que el recurso de los fideicomisos se utilice para ampliar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) destinado a la elección judicial, que se llevará a cabo el próximo 1 de junio.
La segunda acción que apuntó la Presidenta, es que la Corte paró las labores de las comisiones de evaluación de aspirantes del Poder Judicial pese a que, aseguró, no hay argumento ni base constitucional para ello: “La Constitución es clara, el amparo no aplica en reformas constitucionales”.
Aunado a esto, dijo que la SCJN quiere disminuir las prestaciones de los trabajadores, respaldándose en el recorte presupuestal.
“La tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial quieren disminuir las prestaciones a los trabajadores cuando la Constitución es clara que deben permanecer intactos los derechos de los trabajadores”, aseguró Sheinbaum Pardo.
Para garantizar el derecho de las y los candidatos inscritos ante el Comité Evaluador del Poder Judicial, la mandataria instruyó a la Consejería Jurídica de la Presidencia buscar alternativas, en coordinación con el Senado.