Elisa Lorenzana se rapó el cabello desde hace dos semanas, porque cuando se llevaron a sus hijos a prisión le quitaron todo y lo poco valioso que le quedó fue su pelo, por eso lo ofrendó a la lucha para encontrar la libertad de sus muchachos presos en el Estado de México.
Ella, junto con otras cien mujeres, pidieron que la Ley de Amnistía se aplique a las personas encarceladas de manera injusta y bajo casos fabricados por el Sistema Penal.
Edmundo, Enrique y Heriberto, fueron acusados de robo, delito que no cometieron, asegura su madre Elisa Lorenzana, pero que mediante torturas y amenazas firmaron unas confesiones fabricadas.
En ministerio público nunca tuvo una prueba, o un testigo o algo para acusar a mis hijos. Solo están las declaraciones firmadas bajo tortura, pero la tortura no se toma en cuenta como parte del caso”, lamentó Elisa.
Los jóvenes fueron privados de su libertad desde 2009, en el Penal de Tenango, durante todo su proceso la defensa legal del caso estuvo a cargo de abogados de oficio, lo que llevo a qué todos los recursos legales se perdieran pues la apelación confirmó los delitos imputados a los jóvenes. El amparo también condenó a los muchachos y la revisión de amparo solo confirmó la acusación.
“Los sentenciaron a 56 años, por eso estamos en esta lucha, porque ellos son inocentes. Ya no confío en el sistema porque sin pruebas los quieren dejar encerrados toda la vida”, concluyó Elisa.
Las mujeres que se organizaron en una comitiva para hablar con Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son parte del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, una organización dedicada a la defensa de personas privadas de su libertad de manera injusta.
Antonio Lara, presidente del centro, explicó a Once Noticias que la mayoría son personas del Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas con la exigencia y la necesidad de la amnistía como un recurso legal ante la injusticia de las personas presas.
La mayoría son indígenas y personas de bajos recursos, campesinas o de colonias populares que particularmente en ellas se han descargado un indebido sistema de justicia para presentar resultados en el ‘combate a la delincuencia’. Pero ese combate se ha centrado en criminalizar la pobreza”, explicó Antonio Lara.
Lo que se presentó en el diálogo con el presidente magistrado Arturo Zaldívar fue para para reconocer que los poderes judiciales no son sensibles y criminalizan a la sociedad mexicana”.
Según investigaciones de “Zeferino Ladrillero” afirman que en el Estado de México existen 19 mil 500 personas presas de manera injusta, mientras que la población carcelaria es de 32 mil personas encarceladas.
Más de la mitad son inocentes y cuando digo esto, subrayo que quiénes están en la cárcel, son las personas pobres, las que no tuvieron derechos económicos, sociales y culturales e incluso aquellos que se atrevieron a revelarse”, señaló.
Los poderes aún están alejados de la sociedad y sobre todo en los sectores más vulnerables. Pero ante esa distancia existe una sistemática denuncia por la libertad.
“Se encontró un puente de respeto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta sociedad que pide justicia. Esto no va a parar hasta ver a los inocentes en libertad”, concluyó el abogado Antonio Lara.