El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el financiamiento público federal para los seis partidos políticos nacionales con registro en 2026, por 7 mil 737 millones 252 mil pesos.
De esta forma, al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se le asignarán dos mil 615 millones 798 mil pesos, al Partido Acción Nacional (PAN) mil 297 millones 873 mil pesos y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) 982 millones 462 mil pesos.
A Movimiento Ciudadano le corresponderán 969 millones 301 mil pesos, al Partido Verde Ecologista (PVEM) 832 millones 101 pesos y al Partido del Trabajo (PT) 670 millones 613 mil pesos.
Asimismo, el consejo general aprobó solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 18 mil 210 millones de pesos, que incluye un presupuesto precautorio de tres mil 119 millones, para una eventual consulta popular.
“Un presupuesto austero no es un presupuesto que implique la disminución en la calidad de nuestras funciones constitucionales”, aseveró la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con Taddei Zavala, el presupuesto solicitado refleja una tendencia positiva institucional.
“El presupuesto total solicitado para 2026 asciende, en números cerrados, a 18 mil 210 millones de pesos. Refleja una tendencia positiva institucional en términos de eficiencia presupuestaria y de racionalidad en el ejercicio del gasto”, subrayó Taddei Zavala.
Por su parte, la consejera electoral Dania Ravel justificó el monto del presupuesto que solicitarán a la Cámara de Diputados.
“Aunque el año que viene no hay elecciones federales, sí inicia la elección de 2027, elección que tiene todos los elementos para convertirse en la elección más compleja que ha organizado este Instituto Nacional Electoral”, aseguró la consejera electoral del INE, Dania Ravel Cuevas.
Asimismo, el consejero electoral Uuc-kib Espadas advirtió que una eventual reducción al presupuesto del INE iría en detrimento del próximo proceso electoral de 2027.
“De cada mil pesos, dos serían destinados al sistema electoral, reducir este costo significaría precarizar el servicio electoral, significaría poner en riesgo la integridad de las elecciones y en nada contribuiría a que el presupuesto de la Federación pudiera destinarse a fines sociales, eso es pura y llanamente, demagogia” destacó el consejero electoral, Uuc-kib Espadas.