En México, la impunidad prevalece y es un tema que preocupa, dado que siete de cada 100 homicidios dolosos, tienen una sentencia condenatoria, así lo reveló la asociación civil Impunidad Cero.
Al presentar su más reciente informe llamado Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022, la organización señaló que nuestro país es uno de los países con mayores tasas de homicidios en América Latina, con una cifra de 28 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a 94 asesinatos diarios.
Del mismo modo, señaló que durante 2021, 10 mujeres fueron asesinadas cada día; en ese año, la impunidad directa en homicidio doloso a nivel nacional fue de 91.4%. En tanto que para casos de feminicidio, la impunidad directa fue de 45.8%.
Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso, de 2016 a 2021, fueron Oaxaca (100%), seguido de Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3), Guerrero (98.5%), Chihuahua (98.2%) y Puebla (98.1%).
Por su parte, los estados con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso fueron Yucatán (38.5%), Aguascalientes (58.1%), Querétaro (69%), Ciudad de México (69.6%) y Coahuila (70.9%).
La asociación civil agregó que entre 2015 y 2021 se observan cambios en la ocurrencia del hecho delictivo que apuntan a la prevalencia de armas de fuego, tanto contra mujeres como contra hombres.
Mientras que en 2015, 44% de los homicidios dolosos de mujeres fue perpetrado con arma de fuego, 36% con otro elemento y 15% con arma blanca. para 2021, 70% ocurrió con arma de fuego, 17% con otro elemento y 7% con arma blanca.
Asesinatos de mujeres
El registro de los homicidios de mujeres aún presenta problemas de clasificación, pues tienden a tipificarse en mayor medida como homicidios culposos, fenómeno que no ocurre cuando se trata de homicidios de hombres.
En 2021, en promedio 63% de los homicidios de mujeres a nivel nacional se registraron como homicidios culposos. En el caso de los homicidios de hombres, este porcentaje fue menor, al alcanzar 40%.
Al menos, en 17 estados, el porcentaje de registros de homicidios culposos de mujeres supera al promedio nacional. Destacan los casos de Durango, Yucatán, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes, Chiapas, Querétaro, Nuevo León, Quintana Roo y Campeche.
En esos estados, más de tres cuartas partes (más de 75%) de las mujeres víctimas de homicidio se encuentran registradas en carpetas de investigación tipificadas como homicidio culposo.
Estos problemas de clasificación se intensifican cuando se trata de muertes violentas de mujeres en
razón de género, como los feminicidios. La falta de claridad en las cifras de incidencia delictiva impide conocer el contexto de violencia contra mujeres y niñas, pues tienden a clasificarse como homicidios culposos, fenómeno que no ocurre cuando se trata de homicidios de hombres.
La impunidad para el feminicidio, de 2016 a 2021, asciende a 56.6%, a nivel nacional. Es decir, menos de la mitad de los feminicidios registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal, y se tipificó el delito gradualmente en los estados.
Perspectiva de género, armonización en tipos penales y reinserción social
Es por esta razón que, los homicidios intencionales de mujeres deben ser analizados e investigados con perspectiva de género: se deben identificar las motivaciones detrás de cada muerte violenta de una mujer y se debe poner énfasis en motivos asociados al género tales como la existencia de historial de violencias previas, el papel de la mujer en la sociedad y los estereotipos de género.
En el caso del aumento del uso de armas de fuego, Impunidad Cero señala que es indispensable que las autoridades realicen análisis criminal y den cuenta de las distintas motivaciones detrás de asesinatos que pueden estar relacionadas con el crimen organizado, en cada entidad, y con el despliegue de fuerzas armadas en el país.
Por último, la asociación recomendó que para salir de la crisis de seguridad e impunidad que existe en México, se tienen que impulsar medidas como acciones de prevención de la violencia de género, así como armonizar los tipos penales de feminicidio en las entidades federativas, fortalecer las capacidades de investigación de delitos y apostar por la reinserción social.