Al resolver su primer caso, la Comisión de Investigación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, suspendió al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Colima, acusado de reducir condenas en por lo menos cuatro casos relacionados con narcotráfico.
Sin mencionarlo por su nombre, la Comisión informó que suspendió al juez de distrito, con sede en Colima, por incurrir en faltas graves en el ejercicio de la administración de justicia.
Ello, agregó, debido a un notorio desvío de la legalidad, al actuar como parte activa en la reducción de penas acordadas en procedimientos abreviados, relacionados con la comisión de delitos de portación y posesión de armas de fuego y de estupefacientes.
Se comprobó que, además de la reducción de las penas acordadas, el juez sancionado concedió beneficios de la condena condicional, lo que generó violaciones al debido proceso, y no cumplió cabalmente con los requisitos para iniciar el procedimiento abreviado.
De acuerdo con el órgano investigador del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática, excediendo sus facultades y contraviniendo los principios rectores del procedimiento penal.
Para la Comisión Investigadora, este proceder del impartidor de justicia, contravino lo dispuesto en el Artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que se determinó su suspensión, a fin de evitar que continúe poniendo en riesgo la correcta administración de justicia.
La suspensión provisional fue notificada al juzgador y tiene por objeto evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa y evitar la obstrucción del adecuado desarrollo del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa.
Además de salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas por conductas graves, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.