El juicio contra Jesús “M”, exprocurador general de Justicia, está suspendido hasta que no se resuelva un amparo que su defensa presentó contra su vinculación a proceso por los delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.
De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia -del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte- donde se encuentra el exprocurador, deberá de esperar a que se resuelva el amparo por los citados delitos.
Jesús “M” fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por ser el autor intelectual de inventar la supuesta “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De acuerdo con la fiscalía, las supuestas pruebas para construir la “verdad histórica” se obtuvieron ejerciendo tortura.
Juez dicta prisión preventiva a Jesús “M”
El exprocurador general de la República, Jesús “M”, se mantiene en el Reclusorio Norte como presunto responsable de los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada, reclasificada con base en la ley vigente, cuando se registraron los hechos del caso Ayotzinapa.
Hace 4 semanas, el Juez de Control, Marco Antonio Fuerte, dictó la vinculación a proceso contra el titular de la desaparecida PGR, en tiempos de Peña Nieto y le ratificó la prisión preventiva justificada, ante el alto riesgo de fuga, la posible obstaculización de las investigaciones y el alto perfil del caso Ayotzinapa.
El juez fijó a la representación ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de 90 días para concluir con las investigaciones complementarias.
Durante la audiencia, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal calificó de razonables y suficientes las imputaciones hechas por la representación de la FGR contra el político priista.
La fiscal Lidia Bustamante sostuvo que el imputado no sólo no denunció la tortura de los detenidos, sino instrumentó una falsa “verdad histórica” para encubrir a presuntos responsables y desviar las investigaciones, para no llegar a la verdad y esclarecimiento de los hechos.
La defensa, por su parte, afirmó que no existe un solo dato de prueba que soporte las acusaciones de la FGR contra su representado, y en un intento desesperado por librarlo de la prisión, metieron de última hora a la audiencia a un testigo experto en medidas cautelares, que de poco o casi nada les sirvió.
En la audiencia quedó de manifiesto la propiedad de una sexta residencia de Jesús “M”, y que fueron elementos de marina y de la extinta Policía Federal, los que detuvieron a las presuntas víctimas torturadas por Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal.
Y que faltan por detener todavía a muchos probables implicados, como Zerón de Lucio, aun prófugo de la justicia mexicana, en Israel.
Al hacer uso de la palabra Jesús “M” afirmó que podía reconocer que se cometieron errores y que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero dijo que los grupos argentinos e interamericanos que se encargaron de todo el análisis de los restos de los normalistas hallados, han buscado muchas alternativas, pero no han podido echar abajo las hipótesis de sus investigaciones.
Con el uniforme beige de los internos del Reclusorio, cubre bocas a la barbilla y casi todo el tiempo con las manos en los bolsillos de su chamarra, el también exgobernador de Hidalgo, negó haber participado en alguna diligencia de campo, para manipular las indagaciones.
¿Cuál es la “verdad histórica”?
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el Río San Juan.
Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales y no hay indicios de que estén vivos.
En tanto, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre aseguró tener la conciencia tranquila y dijo que, desde las investigaciones en 2014, cortó su relación con el gobierno guerrerense para colaborar, cuando se separó por decisión propia, y la presión mediática en torno a las fallas en la atención de la inseguridad en el tiempo que administró el estado.
“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, manifestó el exgobernador de Guerrero.
Aguirre manifestó como necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones y quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia, y dijo que, de acuerdo con el informe de la propia Comisión para la Verdad, participaron elementos de instituciones federales y municipales.
Abundó que tras el informe contactó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para expresarle su disposición de colaborar en la investigación del caso hasta que concluya.
“Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos”, afirmó.
Aguirre dimitió a la gubernatura en octubre de 2014 en medio de protestas y señalamientos en su contra. En 2019, fue llamado a declarar por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al igual que el exprocurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera.