El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó por unanimidad la sanción resarcitoria por 41 millones 313 mil 943 pesos que la Auditoria Superior de la Federación impuso al coordinador de desarrollo científico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Hugo Francisco Atilano, por su participación en la llamada “Estafa Maestra”.
Ante el pleno de la Sala Superior del Tribunal, la magistrada ponente, Luz María Anaya Domínguez, planteó en su proyecto de resolución que el directivo universitario como actor demandante y servidor público no logró desvirtuar las imputaciones en su contra.
Para las y los 11 magistrados del Pleno, el demandante en su carácter de coordinador de proyectos tenía la responsabilidad de efectuar la vigilancia, control y seguimiento en la ejecución de los contratos celebrados con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
Sin embargo, dijeron, la omisión del ejercicio de sus facultades dio lugar a que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos realizará un pago superior al coste real de los servicios realizados. En suma, destacaron que el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad mencionada, recibió 54 millones de pesos.
Este mismo fondo realizó un pago por 48 millones 607 mil pesos a una empresa mediante un contrato firmado el 15 de noviembre de 2013 para que se efectuaran los servicio administrativos de red lan, red inalámbrica y telefonía ip.
No obstante, la compañía subcontrató los servicios de cuatro empresas a las que pagó 12 millones 694 mil pesos para la ejecución de los servicios pactados, lo que derivó en un sobrecosto, ya que no se justificó la diferencia por 41 millones 313 mil pesos.
En la misma sesión, el Tribunal confirmó también la resolución de la Auditoría Superior de la Federación, con la que le impuso a Jorge Jaramillo Méndez, exencargado del despacho de la Subsecretaría de Egresos en el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, el pago de una responsabilidad resarcitoria por 204 millones de pesos.
También por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto del magistrado Carlos Mena Adame para declarar “infundados” los agravios del exservidor público y validar la determinación del Órgano Superior de Fiscalización, toda vez que el excolaborador de Javier Duarte fue omiso al no dar seguimiento a los recursos destinados al pago de la nómina estatal del programa “Escuelas de Tiempo Completo”: