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Tribunal niega acceso a Alberto Elías “G” a carpeta de investigación

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal negó la suspensión definitiva al exencargado de despacho de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), quien había interpuesto un juicio de amparo, para poder acceder a la carpeta de investigación supuestamente abierta en su contra, por el delito de enriquecimiento ilícito y que se le proporcionarán copias gratuitas de la misma.

De acuerdo al expediente del caso, las y los magistrados determinaron que no hay hechos ni pruebas de que el quejoso en realidad tenga el carácter de imputado en la citada investigación, tampoco de la copia que obra en el sumario del acto reclamado ni del informe previo hay algún señalamiento expreso en la que se acepte o se reconozca que el agraviado tenga el carácter de imputado.

Hay que recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de Alberto Elías “G”, que  fue integrada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Corrupción, tras la denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas transacciones ilícitas realizadas entre el 2016 y 2019.

La investigación también incluye los movimientos financieros realizados por la esposa de Elías “B”, Marcela “K”, así como de su cuñado, Oswaldo “K”, quien está preso en Estados Unidos por un fraude de más de 3 millones de dólares y de distintas personas y empresas.

De acuerdo con la indagatoria de la UIF, en 2016 se hicieron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de Oswaldo “K”, que sumarían alrededor de 100 millones de pesos provenientes de varios despachos de abogados.

Asimismo, se señala que Marcela “k” posee un departamento de 412 metros cuadrados en el conjunto residencial Bosques de Santa Fe, el cual compró el 9 de agosto de 2016 por 35 millones de pesos.

Ese año se realizaron diversos movimientos financieros en las cuentas bancarias de la esposa de Elías “B”, que sumarían alrededor de 100 millones de pesos provenientes de varios despachos de abogados.

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