El 22 de febrero, miembros de la comunidad triqui del MULTI convocaron a un conversatorio para exigir la realización de Diálogos por la Paz de la Nación Triqui, con el objetivo de facilitar el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades.
El conversatorio tuvo lugar en el Centro Universitario Cultural (CUC), en Ciudad Universitaria, y contó con la presencia de representantes de organizaciones como UBISORT y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB.
A pesar de haber extendido la invitación a todas las partes involucradas, incluyendo a la organización del MULT y a las autoridades del Gobierno de Oaxaca, estos últimos no asistieron.
Durante el conversatorio, los miembros de la comunidad triqui enfatizaron que las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) MC 270-2033 aún no se han cumplido, “no hemos visto mucha voluntad del estado mexicano”, sostuvieron.
Señalaron que han sufrido tres desplazamientos masivos, incluyendo los ocurridos en 2010 en las comunidades de San Miguel y San Juan Copala, así como el de Tierra Blanca en 2021.
Criticaron que las autoridades realizarán un censo al que consideraron acciones dilatorias “para salir del apuro”, porque no les creen que hay 144 familias desplazadas de San Juan Copala, tal como establecen las medidas de la CIDH.
Horacio Santiago, vocero triqui del MULTI, hizo un recuento del desplazamiento de la comunidad triqui y recordó que se han dado tres intentos previos de retorno, pero todos han sido fallidos dado que resalta un patrón que se ha repetido: una vez que se acuerda el retorno se suscitan hechos de violencia días previos a que se concreten las acciones. Eso es lo que no ha permitido que regresen y que se cancelen las mesas de diálogo.
El representante triqui dijo que las mesas de diálogo que se han instalado desde 2021 no son fructíferas porque a ellas sólo acuden organizaciones (MULT, MULTI y UBISORT) y el Gobierno de Oaxaca ha hecho caso omiso a participar y atenderlos, “incluso ha criminalizado y dado órdenes de aprehensión contra las personas desplazadas”, dijeron.
“El Gobierno tiene responsabilidad para velar por el pueblo triqui”, dijo Fabian Vereda, integrante de UBISORT, y agregó que el Gobierno abandona las mesas con el pretexto de la violencia. “Que no se paren las mesas, el gobierno debe hacer el trabajo que le corresponde, que el gobierno estatal y federal cumpla con su trabajo”, sentenció.
Reiteraron que entre sus demandas se encuentra que se priorice el diálogo sin fines electorales. Además pidieron que se genere un plan de acceso a la justicia para las víctimas de violencia, alto a la persecución política así como la reinstalación inmediata a mesas de diálogo.
Las autoridades reciben los Diálogos por la Paz
La Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob, Josefina Bravo, reconoció a estos Diálogos y que la violencia ha obstaculizado la construcción de paz.
La Comisionada enlistó una serie de acciones que se han intentado cubrir para atender al desplazamiento como las reuniones que han sostenido con las familias desplazadas. También dijo que a nivel estatal hay una iniciativa para crear una Comisión Estatal para Atención a las Víctimas de Desplazamiento Forzado, pero que todavía debe presentarse al Congreso local.
Dijo que también el INPI ofreció apoyo para un abogado que acompañe las carpetas de investigación y que debe retomarse la propuesta para crear una Fiscalía Especializada que atienda el desplazamiento de la comunidad triqui.
Con respecto a la demanda de los triquis con respecto a atender la infraestructura comunitaria, la Comisionada sostuvo que el Secretario de Gobernación, Jesús Romero, informó que se construirá un camino para conectar a Tilapa con Santa Cruz, y que el día de ayer le informó que se comprometieron a dar 50 millones de pesos a cada organización para invertir en infraestructura.
Además de que el Gobierno de Oaxaca instalará cámaras en la carretera federal, como parte del proyecto de seguridad.
Al respecto, los triquis señalaron que no han recibido los 50 millones de pesos, que desconocían esas intenciones en tanto que Jesús Romero no ha mantenido comunicación con los triquis.
“No se trata de vender la causa”, alegó Santiago y dijo que el MULTI está abierto para que se convoquen los Diálogos de Paz y que en una primera etapa se den con diversos actores: Iglesia, sociedad civil, pueblos indígenas desplazados, Nación Triqui así como Gobierno Federal y Estatal.
