Hace casi 16 años, el movimiento feminista logró una de sus demandas históricas en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, al aprobarse la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación.
En una votación que pasó a la historia, el 27 de abril del 2007 se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo en la capital mexicana (ILE), como resultado de una política progresista por parte del gobierno capitalino pero, sobre todo, por la lucha de organizaciones y movimiento de mujeres que hicieron suya la demanda del poder decidir libremente sobre sus (nuestros) cuerpos.
Sin embargo, la batalla por la despenalización del aborto inició tiempo atrás, siendo una bandera del movimiento feminista durante todo el siglo XX.
Repasemos sus antecedentes en nuestro país
Corría el año de 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas estaba al frente de la presidencia. Durante la Convención de Unificación del Código Penal para subsanar las diferencias entre los ordenamientos de las entidades federativas y la capital se presentó en México la primera disertación en la que se argumentó la necesidad de cambiar la ley que prohibía el aborto. En ese momento, la Dra. Ofelia Domínguez Navarro presentó una ponencia titulada «Aborto por causas sociales y económicas», basada en el trabajo de la doctora Matilde Rodríguez Cabo. Ambas marxistas y feministas, fundadoras del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, creado en 1935.
Su argumento principal fue que la carencia de medios económicos obliga a las mujeres a recurrir al aborto, es decir, las desigualdades en sus diferentes dimensiones, como es la económica, fueron las premisas más fuertes para que se legalizara la interrupción del embarazo.
Casi 50 años después, el debate volvió a la luz pública. En 1976, seis grupos feministas organizados en la capital del país se unieron en lo que se llamó la Coalición de Mujeres Feministas y, un año después, presentaron el primer proyecto de ley sobre aborto que fue llevado en una manifestación a la Cámara de Diputados y que postulaba que la interrupción del embarazo fuera libre y gratuita. Además, en ese mismo año, el Consejo Nacional de Población (Conapo) constituyó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México.
En 1978 se realizó una manifestación en el Monumento a la Madre en memoria de las mujeres muertas por abortos mal practicados y, al año siguiente, se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) que, junto con la Coalición, presentó un proyecto renovado de Ley de Maternidad Voluntaria.
Finalmente, en la década de los noventa, principalmente en Ciudad de México, el derecho al aborto empezó a convertirse en una demanda social en la agenda pública.
Sin duda, el paso que se consiguió en abril del 2007, cuando se legalizó la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, abrió puertas y ventanas al debate público, potenció las luchas en el resto de las entidades y fue uno de los triunfos más importantes del movimiento feminista durante lo que va del siglo XXI.
¿Qué pasa hoy en México?
Pese a ello, todavía no es suficiente, aún no ganamos la batalla respecto al aborto libre. Si bien en los últimos cuatro años se ha logrado la despenalización en 11 de las 32 entidades federativas: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Quintana Roo, la demanda final es #QueSeaLey en todo el territorio mexicano, tanto en cada estado como a nivel nacional, para así garantizar que todas las mujeres, sin importar su estatus socioeconómico, puedan acceder al pleno ejercicio del derecho de decidir sobre su cuerpo, brindando así la certeza de que el aborto sea seguro y gratuito.
Hoy, la palabra soberanía debe resignificarse. Se habla de soberanía energética, alimentaria, popular, nacional y, considero, debemos sumar la soberanía sobre nuestros cuerpos, porque si su significado denota la autonomía y el poder de los pueblos para decidir acerca de sus territorios, entendiendo nuestro cuerpo como nuestro territorio, es facultad de cada mujer el poder decidir sobre él, y así transitar hacia un país en el que se conciba que la maternidad será o no deseada.
Y es que, al final, queremos un país en el que la gente viva feliz y en el que la justicia y los derechos sean para todas y todos.
Karen G. Lozada González es licenciada en Comunicación por la FES Acatlán – UNAM. Es comunicóloga y creadora de contenido digital con experiencia en el sector gubernamental y político. Feminista y activista.