Ante la insolvencia financiera o virtual quiebra económica del Gobierno del Estado de Colima, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ya investiga al gobernador saliente, José Ignacio Peralta Sánchez, por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las indagaciones por posibles hechos de corrupción, iniciadas por la UIF desde 2020, hoy ponen en el banquillo al mandatario estatal priista, quien asumió la gubernatura en febrero de 2016, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, y termina el 31 de octubre próximo, en medio de una insolvencia inclusive para pagar la nómina de los trabajadores del Estado.
La UIF, encabezada por Santiago Nieto, investiga la presunta triangulación de recursos públicos a través de varios prestanombres, para adquirir terrenos aledaños a la ampliación de la terminal marítima de Manzanillo, además de contratos irregulares en la operación del puerto y por vaciar las arcas públicas.
El desastre financiero con el que Peralta Sánchez termina su gestión estalló justo en la víspera de la gira de trabajo del presidente López Obrador por la entidad, ante las denuncias y protestas públicas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado.
En los expedientes de la UIF ya obran testimonios y denuncias de la virtual quiebra financiera en que Peralta Sánchez dejará el gobierno de Colima.
En los documentos se señala a Peralta como responsable del presunto desvío de recursos públicos, etiquetados para otros rubros, pero que fueron destinados al pago de proveedores amigos del gobernador saliente, con su respectivo “moche” para el mandatario.
La falta de pago de las quincenas a trabajadores del Estado es solo uno de los problemas que enfrenta esa entidad, ya que la inseguridad es otro de los graves problemas que asola a los colimenses.
Peralta Sánchez también es acusado de acaparar, a través de prestanombres, todas las tierras aledañas al Puerto de Manzanillo, desde que supo que Peña Nieto construiría una ampliación a la terminal marítima de gran calado, con el fin de dar otra dimensión económica al puerto.
En las indagaciones que realizan la UIF y Fiscalía General de la República, aparecerían familiares y probables prestanombres que trabajaron como proveedores del gobierno de Ignacio Peralta.
En enero de 2020, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se tenían abiertas tres investigaciones en esta entidad: una en el Puerto de Manzanillo, relacionada con lavado de dinero y fentanilo; otra por lavado de dinero en centros cambiarios y la tercera por lavado de dinero vinculado con el comercio de frutas.
El 29 de julio pasado, en un mensaje de redes sociales, Ignacio Peralta reconoció que su administración no tenía dinero para pagar la nómina correspondiente al 30 de julio y anunció que se reuniría con funcionarios de Hacienda, para pedir recursos económicos extraordinarios, a fin de pagar el sueldo a los burócratas estatales.
Afirmó que pagar casi mil millones de pesos de créditos en los primeros 7 meses del año, generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas y dejó a su administración prácticamente sin recursos.