A finales de 2020, según datos aproximados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraron 82 millones 400 mil personas desplazadas por la violencia en el mundo.
En México, aproximadamente 48 millones de personas han sido desplazadas al interior del país.
Aunque se ha documentado el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) desde la década de los setenta, fue hasta el año 2019 que se reconoció oficialmente la existencia y gravedad del fenómeno, por lo que actores gubernamentales y organizaciones civiles demandan la atención para generar datos precisos, estrategias en política pública y acciones para atender este fenómeno.
En la inauguración del Seminario Virtual sobre Desplazamiento Forzado Interno, que reunió a especialistas, actores gubernamentales y de la sociedad civil involucrados en el tema, sobresalieron algunos avances y también los desafíos pendientes, para fortalecer las acciones de política pública con una perspectiva en la que los derechos humanos de las personas sean el pilar principal.
La titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), Rocío González Higuera, destacó que tienen el compromiso histórico de prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en México.
Enfatizó la urgencia de dejar “los discursos que sólo se referían a los derechos humanos, de manera superficial o que lo enunciaba en foros, para dar paso a un modelo de acciones concretas, y lograr el pleno goce del derecho de las personas, identificar fallas y dotarlas de capacidades”.
Señaló que una de las acciones en materia gubernamental es la iniciativa de Ley sobre Desplazamiento Forzado que se encuentra, en la actualidad, en la Cámara de Senadores, “el Poder Legislativo tiene la oportunidad de hacer historia para que las políticas y acciones sean implementadas”. No se limita sólo al ámbito legislativo, sino a una serie de acciones coordinadas entre todos los actores involucrados.
Giovanni Lepri, representante de ACNUR, precisó que el DFI es distinto al refugio. Destacó algunas particularidades del DFI, por ejemplo, no han cruzado una frontera nacional y por tanto, la responsabilidad de la protección queda con el mismo Estado.
El marco jurídico que atiende el desplazamiento es más débil y depende en gran medida del desarrollo normativo de la política pública de cada país. Además, se caracteriza porque es una violación de los derechos humanos, por ende los procesos están enfocados a la restitución de estos, “no es ayuda humanitaria, es reparación y restitución de derechos violados”.
Por su parte, Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO), destacó que la institución realizó, de forma paralela a la acción legislativa, el diagnóstico nacional sobre DFI en este señaló que “adolecemos de una fuente que detalle cuántas personas están en dicha situación”, lo que limita la toma de decisiones. Las fuentes consultadas derivaron de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (EMVIPE) del INEGI que se realiza de forma anual.
Hay más de 260 mil personas que han sido desplazadas por causas delictivas y violencia, además de 371 mil personas que cambiaron de vivienda.
Gabriela Rodríguez urgió en considerar otros aspectos para el estudio del fenómeno como información georreferenciada que respalde el seguimiento y atención, así como considerar la temporalidad y contrastes entre migración y movilidad, ya que continúa pendiente en la política de población.
En el tema estatal, respecto a los procesos legislativos, José Bernardo Rodríguez, defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, detalló que ellos han observado que no existen protocolos de atención para las personas desplazadas por parte del estado en particular. Señaló que aunque los derechos estén reconocidos en una Norma, el problema es la aplicación.
El desplazamiento no sólo es federal sino estatal y municipal, por lo que urgen generar números y garantizar los derechos de las personas como el derecho a la salud, al cobijo y la seguridad”, consideró.
El evento contó con la participación de representantes de la CICR, OIM, de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), COMAR, Colegio de México (Colmex) y de algunos departamentos de la UPMRIP.