Durante cuatro años, entre 2009 y 2012, el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Piedras Negras, ubicado en el municipio del mismo nombre, en el estado de Coahuila, funcionó como un centro de operación del grupo criminal de “Los Zetas”. Desde ahí se cometieron delitos que organizaciones civiles denuncian, por su sistematicidad, de lesa humanidad como torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Defensores de derechos humanos exigen que el caso sea tomado por la Fiscalía General de la República (FGR) e investigue las atrocidades que ocurrieron al interior del penal. Lucía Chávez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMMDPDH), recordó que desde 2017, organizaciones civiles nacionales y la Organización Internacional de Derechos Humanos comunicaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) estos hechos. De ese primer informe revelaron que al menos 150 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas al interior de este penal.
“La prisión en estos años fue un auténtico campo de exterminio que funcionó bajo la supervisión, tolerancia y omisión de autoridades”, denunció Lucía Chávez, en conferencia de prensa.Asimismo, señaló que la Fiscalía local investigó algunos casos y que pocos funcionarios, hasta la actualidad, han sido enjuiciados pese a las evidencias que señalan a altos mandos involucrados. “El problema es que la Fiscalía local los ha visto como casos individuales y no como un patrón de actuación de un contexto en el que ocurrieron estos actos”, relató Chávez. Ariana García, abogada de la CMMDPDH, relató que son más de 11 años que ha prevalecido la impunidad por la ausencia de investigación. Además de que ya se había advertido sobre la responsabilidad de servidores públicos de alto nivel. “Al interior de este expediente advertimos que hay más víctimas que están siendo identificadas en este caso, sin que la Fiscalía esté ejerciendo la acción penal correspondiente, omitiendo vincular la responsabilidad penal de estos servidores públicos de alto nivel de gobierno que aún se encuentran colocados en puestos estratégicos en el estado de Coahuila”, indicó. Con esta solicitud, dijo la abogada, buscan que la federación volteé a ver a Coahuila y se atienda la gravedad de los actos. De acuerdo con datos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en 2003, aseguraba que los municipios de Piedras Negras y Acuña estaban sometidos al “yugo” de Los Zetas, entonces brazo armado del Cartel del Golfo, tal como informaron, en su momento, diversos medios internacionales. La Fiscalía del Estado de Coahuila, en aquel entonces, indicó que había al menos 655 personas reclusas y 77 personas encargadas de custodiar y vigilar las instalaciones. Según el informe El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011, realizado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, afirma que el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, desde 2009 estaba militarizado como parte de la estrategia de seguridad, del expresidente Felipe Calderón, no obstante, también se afirma que estaba bajo las directrices del gobierno estatal, aunque enfatizan en la inacción de ambos poderes.