A pesar de los avances sobre el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, falta un largo camino por recorrer para lograr su participación efectiva e igualdad plena, aseguró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Destacó que la violencia que viven en especial las mujeres, se magnifica gravemente al experimentar vejaciones que laceran su dignidad y vulneran su integridad física y mental.
Durante la presentación del Informe Especial “Violencia y los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Niñas, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad en México”, Piedra Ibarra expuso que la CNDH realizó un ejercicio de carácter exploratorio para indagar sobre la legislación, políticas y acciones emprendidas para proteger los derechos de este sector.
Sin embargo, subrayó que los datos estadísticos que permiten profundizar y evidenciar el contexto social y comunitario en que se encuentran las personas con discapacidad, son escasos e insuficientes, lo que conlleva a una formulación inadecuada de políticas públicas que tienen como propósito prevenir y eliminar la violencia en sus distintas expresiones.
Por ello, Piedra Ibarra exhortó a las autoridades a emprender y consolidar acciones orientadas a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres con discapacidad, para garantizar con plenitud y efectividad el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, sean tratadas con respeto, calidad y dignidad en la provisión de servicios de esta naturaleza, e incluya información y mecanismos que contemple su consentimiento informado.
Recordó que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU recomendó al Estado mexicano poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acciones afirmativas, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad tienen más riesgos de enfrentar violencia de género y menos posibilidades de tener acceso en igualdad de condiciones a los servicios de prevención y actuación en caso de ser víctimas.
Además, tienen menores posibilidades de recibir educación sexual y reproductiva por razones de pobreza, exclusión, ignorancia sobre la discapacidad, barreras físicas, de comunicación e institucionales, y enfrentan prejuicios y estereotipos.