La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fueron vinculados a proceso a nueve hombres por su probable participación en el homicidio calificado de nueve personas derivado de un incendio registrado el pasado 10 de julio, en la nave comercial número 7 de la Central de Abasto de Toluca.
Se trata de Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N”, quienes desempeñaban cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente, así como David Jehuel “N”, responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma central.
También fueron vinculados a proceso Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, quienes forman parte del equipo de servicio de seguridad privada de este centro comercial.
Tras revisar los datos de prueba, la autoridad judicial con sede en Almoloya de Juárez determinó iniciar el proceso legal contra estos nueve sujetos, por lo que determinó enviarlos a prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
Los posibles implicados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
De acuerdo con las indagatorias, realizadas por la FGJEM, en las primeras horas del pasado 10 de julio, individuos que portaban armas de fuego cortas ingresaron al área donde se encontraban comerciantes minoristas. En el sitio habrían realizado disparos para finalmente prender fuego.
Las investigaciones determinaron que Pascual “N”, Bryan Alejandro “N”, Jhoan Daniel “N”, David Jehuel “N” y Mateo “N”, presuntamente se reunieron en la Central de Abasto para planear, organizar y ordenar este ataque.
Además, el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad recibieron órdenes para evitar acudir a laborar.
También se sabe que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento lo que inhabilitó algunas videocámaras.
Asimismo, el personal de seguridad privada facilitó el escape de los agresores por medio de las salidas que controlan de manera permanente y no permitieron el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando el auxilio a las víctimas.