Tras dar conferencia sobre cómo eliminar la violencia contra las mujeres, la activista, Yndira Sandoval, contó que vivió un infierno en 2017 cuando fue detenida por policías municipales de Tlapa, Guerrero, acusada de no pagar la atención médica de un hospital privado.
Las policías, dijo, la trasladaron a la prisión municipal. En ese lugar, fue torturada y agredida sexualmente por las propias autoridades. Desde entonces comenzó un largo camino en busca de justicia, pero sólo encontró impunidad.
“Vino con ello la violencia institucional, comunitaria, económica, un acto de violencia destruye completamente tu proyecto de vida. Además de que destruye completamente lo emocional, te cambia la vida”, declaró la activista y politóloga feminista.
Tras años de exigencias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió unas recomendaciones de su caso, en 2019; hasta ese momento, Yndira fue reconocida como víctima. Sólo entonces encontró una forma diferente de justicia. Se trata de la justicia restaurativa, un enfoque centrado en las víctimas y en la reparación del daño.
“No necesariamente me hacía justicia que estuvieran en la cárcel, uno, dos o una decena de funcionarios o funcionarias involucrados en la violación sistemática institucional, permanente y grave a mis derechos humanos”, agregó la activista.
En 2021, Yndira recibió una disculpa pública del presidente municipal de Tlapa, Dionicio Pichardo, como parte del acuerdo reparatorio.
“Le ofrezco una disculpa pública por las agresiones que sufrió el 16 de septiembre de 2017, por agentes policiales del ayuntamiento de Tlapa. Así como por todas las implicaciones que este acto victimizante le ha implicado en su vida personal, familiar, profesional, económica, social y política“, detalló Pichardo.
También se comprometió a construir una Escuela para Defensores de Derechos Humanos en el municipio e impulsar una iniciativa de reforma para que la violencia sexual contra mujeres, ejercida por agentes del gobierno, sea sancionada como tortura sexual.
Además se establecieron sanciones administrativas para las y los agresores. Esta forma de justicia inició en 2008, cuando se reformaron diversos artículos de la Constitución, en los que se establecieron la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución, para asegurar la reparación del daño.
“Todos los aspectos físicos, psicológicos, emocionales que tenia la víctima antes del hecho victimizante”, señaló el presidente de la Fundación Lex Pro Humanitas, Francisco Hernández Salcedo.
Por su parte, el director general del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, Violeta Maltos, declaró que “en el proceso restaurativo son las personas las que toman las decisiones, en el proceso penal son autoridades”.
Hoy Yndira continúa la batalla que se cumplan los puntos pendientes de la reparación. “Hay como un populismo punitivista de la ley del garrote, de endurecer la pena y a veces creemos las víctimas y familias que eso nos daría justicia; en mi caso devolverle fuerza a mi voz, nombre y rostro implicaba otras cosas más allá de que alguien fuera a la cárcel”, Yndira Sandoval Sánchez.