La Fiscalía General de la República rechazó la resolución del juez del altiplano y anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra los 31 investigadores y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La Fiscalía General de la República había denunciado a los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por supuestamente recibir, de manera ilegal, 50 millones de pesos del Conacyt en la pasada administración.
Sin embargo, de acuerdo con el juez, los elementos presentados por la FGR no fueron suficientes para llevarlos a juicio.
Al respecto, el rector de la UNAM, Enrique Graue calificó de inconcebible la acusación de la Fiscalía contra los 31 científicos.
Por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa debemos manifestarnos. Yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia”, mencionó Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM.
En un comunicado, la FGR dijo que ante la negativa del juez a girar la orden de detención por delitos patrimoniales en contra del erario público y después de haber sido filtrada a los medios su solicitud, “es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso“.
Señaló que la consideración de la autoridad judicial de que la utilización de recursos públicos por parte de los exfuncionarios del Conacyt a través de la creación de una empresa para compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo ya que el Foro de Consulta del Consejo lo autoriza, es un criterio no aceptable.
Agregó que para la FGR un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt.
Por esas razones, la FGR subraya que el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial contra los acusados, por lo que volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas.
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