En Quintana Roo, el servicio de agua fue prácticamente privatizado a través de una concesión que fue modificada. Todo indica, a conveniencia de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, mejor conocida como Aguakán.
El 20 de octubre de 1993, el Congreso de Quintana Roo otorgó a Aguakán una concesión o permiso para dotar del servicio de agua potable y alcantarillado a Cancún e Isla mujeres. Fue por el plazo máximo, 30 años. Debió terminar en diciembre del 2023, pero no fue así.
¿Por qué?
En 2014, al final del mandato del exgobernador Roberto Borge, y cuando el PRI aún tenía mayoría en los poderes del estado, la legislatura local amplió de manera adelantada la concesión para Aguakán.
Es decir, se le otorgaron 30 años más, para operar hasta diciembre de 2053 y se incluyó, además, el servicio para el ayuntamiento de Solidaridad.
La decisión fue cuestionada en los años subsecuentes, entre otras cosas, porque la empresa ha sido demandada por la mala calidad del servicio y cobros excesivos.
Medios locales indican, además, que por la concesión adelantada, el gobierno de Borge tuvo una contraprestación o pago por mil millones de pesos.
“Le ponen un alto a Aguakán. La empresa fue sancionada por cobrar consumos desproporcionados. Un tribunal confirmó que cobraban montos excesivos a una casa”.
Esto motivó una consulta pública en 2022 para retirar el permiso a Aguakán, que fue validada por el Instituto Electoral local.
Y en diciembre de 2023, con un Congreso de mayoría morenista, se abrogó la ampliación que se le dio a Aguakán en 2014. Es decir, la concesión sería de nuevo vigente solo hasta el 2023.
Aguakán, por supuesto, no ha aceptado la voluntad popular y se ha enfrascado en una batalla de amparos. El gobierno de Quintana Roo, por su parte, prepara denuncias ante la Fiscalía, incluso de índole penal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su respaldo al gobierno de Quintana Roo.
“Es un abuso lo que ha estado haciendo esta empresa. Ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren. No se puede hacer negocio con el agua”, externó la Presidenta.