A siete años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, las investigaciones comienzan a moverse lentamente en búsqueda de la verdad de aquella noche del 26 de septiembre del año 2014.
Once Noticias habló con Vidulfo Rosales, abogado del caso, para saber cuál es el panorama actual de la investigación en uno de los casos que marcó la historia del país.
El abogado mencionó que los primeros cinco años del caso, en el anterior gobierno, no lograron ninguna investigación a pesar de la lucha constante de padres y madres. De hecho hubo varios intentos del Gobierno para cerrar el caso.
Fue una lucha sin cuartel ni tregua para mantener abierto el expediente. Durante cinco años esa fue la dinámica del caso en algún momento pararon totalmente las investigaciones y las búsquedas y solo cuando se registró mucha tensión como en 2016 que se pidió trabajar en nuevas líneas de investigación fue que se iniciaron algunas pequeñas diligencias y alguna búsqueda con la tecnología Lidar“, comentó Vidulfo Rosales.
Durante esos años el caso se armó sobre la llamada sobre la llamada ‘verdad histórica’. Con el tiempo se fe descubriendo que el caso estaba armado con confesiones sacadas bajo tortura y con evidencias fabricadas.
Con el cambio del Ejecutivo Federal se abrieron algunos nuevos caminos que el abogado consideró importantes, como lo fue una Comisión de la Verdad y la Unidad Especializada en el caso Ayotzinapa a cargo de Omar Gómez Trejo.
Esto se traduce a qué haya una investigación activa en movimiento, y también a que se estén realizando búsquedas todo el tiempo. Se creó la Comisión de la Verdad y un equipo de trabajo destinado a este caso. Gracias a eso se han logrado 80 órdenes de aprehensión y se han detenido a personas importantes que incurrieron en irregularidades en la investigación, como fueron los ministerios públicos en aquellos tiempos o como el capitán José Martínez Crespo y Carlos Gómez Arrieta”, detalló.
Martínez Crespo es un a capitán de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el primer militar encarcelado en una prisión castrense, quien está relacionado al caso Ayotzinapa, aunque los cargos que se le imputan son delincuencia organizada y delitos contra la salud; no desaparición forzada.
Carlos Gómez es extitular de la Policía Federal Ministerial, señalado por torturar a uno de los supuestos autores de la ‘verdad histórica’.
El abogado Vidulfo Rosales señaló que falta un mayor compromiso institucional de la Fiscalía General de la República (FGR), que hoy dirige Alejandro Gertz Manero.
Hoy tenemos una Fiscalía especial para el caso, encabezada por Omar Gómez, pero está sola, poco acompañada de la institución en su conjunto y un ejemplo de ello es que faltan girar 40 órdenes de aprehensión y llevamos más de 6 meses sin que ocurra. Eso da una muestra de qué, aunque el maestro Omar Gómez impulse la investigación o tenga órdenes de aprehensión no se puede ejecutar porque otra institución dentro de la FGR no hace su trabajo, ahí están poniendo obstáculos y eso nos parece grave en el caso, sólo por citar un ejemplo de los tantos obstáculos que hoy pone la Fiscalía”, expresó.
Respecto a la participación de los militares, señaló que no se ha logrado mucho, ya que la opacidad y cerrazón de esta Secretaría sigue pidiendo mantenerse sobre esa línea de investigación.
“Me parece que hay muchos datos que implican al 27 Batallón de Infantería, hay muchos elementos de prueba que si bien es cierto aún no alcanzan para configurar una conducta ilícita que propicie la detención de varios militares. Creemos que si el gobierno cambió su discurso sobre el Ejército diciendo que ahora es del pueblo, pues eso tiene que traducirse en una mayor apertura de la institución para rendir cuentas. Si bien el ejército se distingue por sus labores humanitarias, también tiene otro lado con una historia de graves violaciones a los derechos humanos. Y principalmente en Guerrero, es responsable de muchísimas atrocidades”, subrayó.
“Hoy en día el caso Ayotzinapa tiene que tener una mayor apertura dentro del Ejército, pero lo que vemos es que siguen negando su participación en los hechos, siguen mostrándose reticentes para la apertura. Si siguen así no vamos a lograr dilucidar cuál fue la participación del Ejército en el caso Ayotzinapa y creo que es sumamente necesaria esa información”, explicó Vidulfo Rosales.
En la parte jurídica esperan que se siga avanzando en la investigación. Faltan muchas órdenes de aprehensión por ejecutar.
Hasta el momento, se han localizado a tres jóvenes: Alexander Mora, Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero, estos últimos dos fueron identificados por restos óseos localizados en la barranca de la Carnicería, sin embargo, falta localizar a 40 estudiantes más y casi 100 mil personas que faltan en todo el país.
En las familias de los buscadores también han sufrido graves pérdidas pues algunos de los padres y madres han muerto sin saber el paradero de sus hijos, el último fue el señor Bernardo Campos quien falleció el pasado 3 de septiembre, su hijo era José Ángel Campos Santos.
El señor Saúl Bruno también murió, el pasado 22 de agosto, sin saber el paradero de su hijo Saúl Bruno García y la señora Minerva Bello Guerrero falleció el 4 de febrero del año 2018 con la angustia de no saber de su hijo Everardo Rodríguez Bello.
Para los familiares es necesaria una atención más personalizada porque se ha venido deteriorando excesivamente su salud por la desaparición. Son padres y madres, la mayoría de tercera edad y con enfermedades crónicas degenerativas. Es necesario que se revise el modelo de atención médica para darle seguimiento puntual y específico a los riesgos de salud que presentan padres y madres del caso”, externó Vidulfo Rosales.