La sobrepoblación carcelaria es el reflejo de un sistema judicial y penitenciario que criminaliza a la pobreza y la ignorancia de los derechos, parte de ese mal procedimiento están los abogados de oficio que con una sobrecarga de trabajo y la indiferencia ‘condena’ a sus defendidos, sean inocentes o culpables.
Antonio Lara, defensor de personas presas injustamente por casos fabricados, afirmó que es obligación del Estado mexicano brindar un defensor a quién no pueda tener un abogado privado. Es un mandato constitucional, crear una institución cómo la Defensoría Pública para que todos los ciudadanos tengan acceso a este derecho.
Sin embargo, la Defensoría Pública en México tiene dos grandes carencias que la caracterizan. La primera es que tiene una sobrecarga de trabajo con falta de personal para defender a personas con escasos recursos.
Tenemos el dato de que los defensores jurídicos de oficio llegan a tener hasta 120 casos de forma permanente”, explicó Antonio Lara en entrevista con Once Noticias.
La segunda deriva de esta sobrecarga de trabajo, pues la mayoría de los abogados sugieren a las víctimas tomar el procedimiento abreviado, lo que significa que las personas se tienen que declarar culpables, sean inocente o no.
“Ante la saturación de trabajo es más fácil declarar culpable a todo mundo que dar un seguimiento a cada caso”, subrayó Antonio Lara.
Lo que ofrece el procedimiento abreviado es la reducción de la condena a la mínima y todavía esa pena se puede disminuir en un tercio. Por eso se le ofrece a la gente esa falsa salida “segura”, porque de pasar 16 o 20 años en prisión, este procedimiento asegura una sentencia de seis o tres años.
“De esta manera miles de personas inocentes están siendo declaradas culpables como un pretendido desahogo del sistema jurídico de México, pero la mayoría de esas personas son de bajos recursos, de origen campesino o de barrios populares que no tienen otra herramienta de justicia. Por eso nos damos cuenta que se está criminalizando a la pobreza y la ignorancia de los derechos”, puntualizó el defensor.
A pesar de que los abogados son testigos de la tortura y todas las violaciones a los derechos humanos durante la fabricación de un caso, no toman acciones para liberar a las víctimas en el control de detención.
Según datos del Sistema de Información y Estadística Penitenciaria en el último registro, hasta marzo del 2021, se han contabilizado 219 mil 117 personas privadas de su libertad, siendo Estado de México y Ciudad de México las entidades con mayor población carcelaria.
“En México la tortura es una práctica sistemática al punto que 90% de las personas detenidas son torturadas. Además de tener unas Fiscalías que trabajan de manera dolosa para entregar cifras con resultados al combate de la delincuencia, también tenemos una defensoría que no protege a los detenidos dentro de un Poder Judicial que es condescendiste a las carpetas fabricadas”, explicó Lara.
También señaló que en México existe un sistema de justicia que no está basado en pruebas científicas, técnicas y jurídicas. La forma de obtener personas detenidas es mediante la tortura, el allanamiento de morada y las detenciones arbitrarias.
Esto provoca una doble falta a los derechos humanos pues las personas están injustamente presas y no hay una disminución en la incidencia delictiva, por lo que las víctimas de los delitos tampoco tienen acceso a la justicia”, concluyó el abogado.