La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital sentó un precedente importante desde hace 15 años. Sin embargo, existe la urgencia de transitar hacia un modelo que considere el tema bajo una perspectiva estricta de salud, para ampliar y acercar estos servicios, y que no sea considerado un delito que criminalice a mujeres y personas gestantes, tal como compartió María Antonieta Alcalde Castro, Directora de IPAS Centroamérica y México (IPAS CAM), en conversación con Once Noticias Digital.
Un poco de memoria
Hace 15 años la interrupción del embarazo en Ciudad de México, entonces Distrito Federal, tomó otro rumbo para las mujeres y personas gestantes: el 26 de abril se publicó el decreto para reformar el Código Penal y adicionar en la Ley de Salud la interrupción legal del embarazo. Un día después, se realizó el primer procedimiento de ILE en el Hospital Materno Infantil Cuautepec.
Desde entonces, según datos de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), hasta marzo de este año se han atendido a 247 mil 410 mujeres que han solicitado la ILE en la capital del país.
Este fue el comienzo de una lucha que ha sentado cambios relevantes. Otras entidades que se sumaron posteriormente a legalizar la interrupción del embarazo fueron Oaxaca (2019), Veracruz e Hidalgo (2021), Baja California, Colima (2021) y de forma reciente lo hizo Sinaloa y Sonora (2022).
Otros cambio fue el pasado 7 de septiembre de 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente al declarar inconstitucional, a través de la resolución 148/2017, criminalizar el aborto de manera absoluta.
María Antonieta Alcalde Castro, directora de IPAS Centroamérica y México (IPAS CAM), en conversación con Once Noticias Digital señaló que los logros han sido muchos desde que se legalizó la interrupción del embarazo en CDMX, hasta las 12 semanas con seis días, por lo que considera fue una punta de lanza en la lucha.
Además, la directora resaltó que en el sector de salud pública de las 247 mil 410 mujeres que han solicitado la ILE en CDMX, 70% son mujeres residentes de dicha entidad, 20% son residentes de otras entidades (principalmente, Estado de México) y menos de 10% son de origen extranjero o migrantes.
“Estos datos revelan la importancia de este servicio, pero también las brechas que hay para las mujeres que viven fuera de la capital, nos habla de la necesidad de reafirmar este derecho y de posibilitar su ejercicio. Es una necesidad en todo el país, de ahí la importancia de la modificación legislativa en otros estados”, refirió María Antonieta Alcalde Castro.
La directora enfatizó que la expansión de esta ola, que ha sumado hasta ahora sólo 7 entidades del país, ha sido relevante, pero no suficiente:
“Ayuda a levantar una ola. No ha sido suficiente el avance, pero hoy por hoy, vemos una tendencia que queremos aprovechar, porque en estos 15 años hablamos de la importancia y los logros del programa de ILE en Ciudad de México, hay mucho que hacer”, declaró al medio.
Mitos derribados, retos pendientes
Asimismo, la directora de IPAS CAM recordó que grupos conservadores que se han opuesto a la ILE se han empeñado a difundir mitos, pero que son derribados por la efectividad de la operación del programa en CDMX.
“Uno de esos mitos fue que los servicios de salud se verían rebasados al legalizar la interrupción del embarazo, sin embargo, vemos que no fue así. El programa de ILE, prácticamente 100%, sus servicios se hacen de forma ambulatoria, es decir, las mujeres no se quedan en los hospitales. Es eficiente y se hacen con medicamentos, lo que hace que el sistema sea efectivo. Hemos identificado que cuando se presenta un servicio integral como la ILE en CDMX, se les puede ofrecer consejería y un método anticonceptivo, por lo que la reincidencia es muy baja”, indicó María Antonieta Alcalde Castro.
La directora también reflexionó que continúan pendientes al menos dos retos al interior de la capital que refleja la situación, al mismo tiempo, del país: pese al ILE, prevalece la penalización hacia las mujeres que interrumpen su embarazo después de las 12 semanas establecidas.
Al respecto compartió que Ciudad de México es la entidad federativa que tiene el mayor número de mujeres denunciadas, por lo que la ILE no resuelve todo el problema.
A nivel nacional, detalla GIRE en su informe sobre Justicia Reproductiva en el que realiza un balance de una década (del 2010 al 2021), se registran 3 mil 516 denuncias por el delito de aborto.
La entidad con el mayor número de denuncias es CDMX (1028) y le siguen Baja California (375), Tamaulipas (319), Guanajuato (231) y Jalisco (211).
Además, en ese década, detalla que se registraron 172 personas en prisión definitiva por el delito de aborto, 142 personas con sentencias condenatorias y 380 juicios penales.
“Es momento de transitar hacia un modelo de legislación y atención del aborto como un tema estrictamente de salud, lejos de la criminalización y el estigma, también lejos de la noción de imponer condiciones para el acceso. Hay que garantizar su acceso libre. Modificar la legislación para atender el aborto como es: un servicio de salud, no un delito”, enfatizó.
Otro reto que enfatizó la directora es el de acercar los servicios a las mujeres y personas gestantes, para combatir las barreras en el acceso a la interrupción del embarazo, por lo que señaló la necesidad de innovar los modelos de servicio de atención, que se adapten a las necesidades de las mujeres y personas gestantes.
Durante la pandemia, en IPAS CAM observaron que la reducción de 30% que hubo de los servicios de salud pública tuvo un impacto: muchos de los servicios de ILE se mantuvieron abiertos, aunque menos mujeres acudieron de forma presencial, pero se incrementó la búsqueda de información en el espacio digital para llevar a cabo una interrupción del embarazo.
Al respecto, la directora recordó que su organización tiene un video informativo sobre cómo utilizar misoprostol de forma segura. Durante la pandemia las visitas a ese video se multiplicaron hasta 500%.
Dijo que por eso es importante que se migren a servicios que garanticen un libre acceso a la información, porque las tecnologías son un apoyo para que las mujeres y personas gestantes autogestionen sus procesos de interrupción de embarazo, ya que los beneficios ambulatorios se expresan en que se pueden realizar con acompañamiento a distancia y con medicación de forma segura.
“Eso ayuda a que las mujeres de otras entidades, fuera de Ciudad de México, no tengan que transportarse de su casa hasta algún hospital o clínica de la capital y que se combata así una de las tantas brechas para acceder a la ILE, como tal“, concluyó María Antonieta Alcalde Castro.