Gabriela Amores, explicó que cuando una mujer presenta una denuncia por sustracción de menores ocurrida de manera ilegal a manos del padre, que constituye violencia vicaria, suele obstruirse el proceso porque las autoridades dicen el papá también tiene derecho de permanecer con los menores.
De acuerdo con la abogada feminista independiente, de 10 mujeres que promueven alguna denuncia por este delito, sólo dos alcanzarían a ser atendidas por algún Ministerio Público para dar seguimiento a sus casos y sólo una mujer podría obtener audiencia por un juez para exigir la entrega de sus hijos.
Amores agregó que cuando los menores son sustraídos de manera ilegal por el padre, las autoridades no ordenan la búsqueda del sustractor y con ello el delito persiste.
“De 10 casos de menores sustraídos por el padre, solamente dos se localizan por las autoridades, los ocho restantes han sido por las propias madres que entre ellas se han organizado y se han puesto a buscarlos, pero no por las autoridades”, expresó.
La abogada indicó además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Guardia Nacional conocen de los casos vinculados a violencia vicaria, pero son omisos para ordenar la recuperación de los menores sustraídos y comúnmente las madres recuperan a sus hijos por avisos de las familias de los sustractores.
“Las autoridades tienen una omisión tremenda, se han visto rebasadas. Ellos tipifican el delito como violencia familiar y listo yo ya hice mi trabajo y no esto es engañoso totalmente (…) Este tiene que ser un delito autónomo y no tiene que ser tipificado como violencia al interior del seno familiar, la violencia vicaria es un delito completo con todas sus líneas”, expresó.
Por todo ello, urgió a las autoridades a aprobar leyes para castigar la violencia vicaria en el país.
El ABC de la presentación de una denuncia vicaria ante un juez
La litigante señaló que acceder a la justicia mediante la resolución de un juez que permita la entrega de los hijos, su madre resulta sumamente difícil.
“No es fácil llegar a un juez, comprobar el maltrato a los menores, la violencia familiar, la sustracción a y la violencia psicoemocional no son catalogadas como casos urgentes”, indicó.
Lo cierto, dijo, es que, en los casos de violencia vicaria, existen dos personas afectadas, la madre y el menor sustraído ilegalmente, en estos casos hay un doble dolo, apuntó.
Por ello, apuntó que se debe de solicitar al juez sea atendido el bien jurídico del menor hijo de la denunciante para resguardar sus derechos, además recomendó a las mujeres denunciar que existió un doble dolo, pues la sustracción fue cometida con alevosía y con ello, no solo daño a la madre, si no se dañó al hijo de ambos.
“Las madres deberán expresar ante el juez que existió una voluntad para dañarlas, además deberán denunciar que existió dolo y se dejó sin una red de protección al menor”, apuntó.
La psicóloga argentina, Sonia Vaccaro, define a la violencia vicaria como: “aquél que utiliza a los hijos para herir y maltratar a las mujeres”.
Organizaciones defensoras de mujeres trabajan ya de la mano del Senado de la República en leyes para juzgar, así como penalizar este tipo de delitos y a crear una política integral que respalde a las madres para evitar estos casos.
Conviene recordar que, a nivel nacional, la tasa de violencia familiar alcanzó 547 casos por cada 100,000 habitantes en 2020, mucho mayor a la tasa de 334 casos en 2015. De forma parecida, entre 2015 y 2020, asaltos sexuales crecieron de 111 casos por cada 100,000 habitantes a 177, de acuerdo con información del Índice de Paz México 2022.