En 2018, el Alto Comisionado de la ONU en México reportó una serie de desapariciones ocurridas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en un periodo de enero a mayo de ese año, en Tamaulipas.
Tras conocer el reporte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) envió un equipo de asesores, psicólogos y trabajadores sociales a Nuevo Laredo para dar atención a los familiares.
Fue hasta el 13 de julio de 2021, cuando Semar ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de más de 30 personas en manos de marinos.
Once Noticias conversó sobre el caso con Julio César Pulido, asesor jurídico federal y encargado de la Dirección Especializada en materia de Desaparición y Desaparición Forzada en la CEAV.
Se tiene identificado un proceso sistemático por parte de la Secretaría de Marina (Semar) en donde un grupo llamado Unidad de Operaciones Especiales se encontraba desplegado en Nuevo Laredo”, comentó Julio César Pulido.
El mecanismo de desaparición de los marinos, según explicó el abogado, era que “se desplazaban a lugares públicos y a domicilios para levantar a las personas y luego desaparecerlas”.
Existen carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada para investigar la mecánica de estos hechos. El perfil de las víctimas es variado, pero en la generalidad eran trabajadores de bajos recursos.
Esta unidad militar salía de noche o de día, no se sabe si ya tenían identificadas a las víctimas. Muchas veces se las llevaban frente a muchos testigos y hasta el momento se desconoce el objetivo puntual de este grupo de operaciones. En algunos casos sí se localizaron a personas sin vida en lugares despoblados y brechas, los cuerpos casi siempre estaban semienterrados, pero la mayoría de sus víctimas se encuentran desaparecidas.
Más allá de todos los delitos que cometieron los militares, cómo son los allanamientos, detenciones ilegales, abuso de autoridad y en algunos casos ejecuciones extrajudiciales, las investigaciones van por el delito de desaparición forzada, ya que es el cargo con mayor punibilidad.
Existen 33 carpetas de investigación relacionadas con estos hechos, 22 están representadas por abogados de la CEAV, y sólo tres de esas investigaciones han sido judicializadas, de esos únicos tres casos no se han localizado a las víctimas desaparecidas.
La cadena de mando de estos crímenes llega hasta los “capitanes de fragata”, altos mandos en la cadena militar.
“Queremos fincar una responsabilidad de mando a modo de ir escalando grados para esclarecer los hechos y saber si hubo participación de las más altas esferas, pues el objetivo es deslindarles sus responsabilidades y conocer la verdad de los hechos”, remarcó Julio Cesar.
En las tres carpetas judicializadas hay 30 elementos de la Marina vinculados a proceso y en prisión preventiva ordenada por el juez de distrito. Los marinos están en una prisión militar por la naturaleza de su cargo y bajo la orden del juez de control del distrito de Tamaulipas. No están en una prisión civil porque se les pondría en riesgo ya que ellos formaron parte del combate armado”, explicó el asesor jurídico federal.
El juez de control rechazaba otorgar la prisión preventiva, pese a la naturaleza del delito de desaparición forzada. Así que la asesoría de CEAV tuvo que debatir álgidamente con el juez y se dictó prisión preventiva.
“Ha sido muy complicado desde esta trinchera, porque nos hemos enfrentado a la resistencia de diversas instituciones, pero nuestra labor y la del equipo ha resultado un pequeño paso al lograr la vinculación. No es fácil que desde una institución gubernamental estemos litigando en contra del propio Estado mexicano. Hay una resistencia muy marcada por diversos actores”, lamentó el asesor jurídico.
Cabe señalar que ninguno de los abogados de la CEAV ha logrado ver las carpetas de investigación en el fuero militar a pesar de que los marinos están encarcelados y bajo procesos militares en paralelo al juicio del fuero civil.
Otra de las trabas que han encontrado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) son los trabajos de búsqueda, pues “llegó un momento en que las búsquedas se detuvieron porque la FGR nos dejó de auxiliar con medidas de seguridad y decían que no tenían disponibilidad de personal. Los asesores jurídicos nos amparamos y los jueces nos otorgaron la razón al saber que toda autoridad está obligada a realizar acciones para la búsqueda y localización de cualquier persona desparecida. Sólo así pudimos quitar esa limitación en las búsquedas”, explicó Julio Pulido.
Otro de los inconvenientes dentro de la CEAV es la sobrecarga laboral de los asesores jurídicos, ya que cada uno tiene un promedio de 300 casos a cargo, lo que hace imposible llevar todos expedientes con profesionalidad y calidad.
Es fundamental que exista una voluntad política como lo fue la disculpa que ofreció el Estado mexicano. Lejos de mostrar una debilidad, me parece una fortaleza que el Gobierno actual asuma esta responsabilidad. Creo que la disculpa y el reconocimiento público implican un paso para el esclarecimiento de los hechos”, destacó el abogado.
A pesar de la disculpa pública, aún no se conoce exactamente la mecánica de los hechos, el objetivo que tenían al cometer esos delitos y mucho menos se sabe el paradero de las víctimas. También hay que señalar que los marinos implicados presentaron un recurso de apelación (a la vinculación) y de ser otorgado a su favor podrían quedar libre de esos cargos.
Por lo tanto, aún queda un largo camino para el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia de las familias.